Economía. Lunes, 14 de Julio, 2025

DIARIO ECO/ SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader presentó este lunes los avances alcanzados para establecer un régimen de consecuencias en la República Dominicana y llevar a la justicia a toda persona “con acciones que le comprometan con la corrupción, sin importar quién sea ni el momento que sea”.

El Gobierno busca sancionar el incumplimiento de la transparencia en todos los órganos y entes públicos bajo el Poder Ejecutivo y registra, a la fecha, 287 casos de faltas administrativas remitidos al MAP y 49 casos de funcionarios públicos actuales llevados al MP. También se han recuperado RD 6,500 millones del patrimonio público y hay más de RD 130,000 millones en casos en curso.

“Podemos decir que somos el primer gobierno que ha establecido un régimen de consecuencias a todos los niveles. Hoy estamos más firmes que nunca en la lucha contra la corrupción, en que no debe haber impunidad, en que se deben respetar los bienes públicos”, destacó el presidente Abinader.

A través de esta entidad, el gobierno promueve una gestión pública transparente, ética y orientada al bien común, que reconoce el derecho a saber del ciudadano y el deber de informar del Gobierno.

230 instituciones fueron evaluadas entre enero y marzo 2025, de las cuales 211 obtuvieron entre 85-100 puntos, demostrando un alto compromiso institucional con la transparencia.

Hito en la transparencia

Por primera vez, un gobierno emite un decreto que sanciona el incumplimiento de la transparencia (núm. 166-25), el cual será aplicado a partir de septiembre y que establece la pérdida de beneficios extraordinarios y sanciones administrativas.

Asimismo, mediante el Decreto núm. 791-21 las antiguas Comisiones de Ética Pública evolucionaron a Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento, que operan desde dentro de las instituciones.

Más de 8,000 servidores públicos han sido capacitados para prevenir malas prácticas en contrataciones públicas, sobornos y gestión de riesgo de corrupción. Se han desarrollado 96 matrices de riesgo para detectar posibles vulnerabilidades a la corrupción y se trabaja para fortalecer el Sistema Nacional de Integridad Pública con la asesoría de Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).