Internacional. Miercoles, 18 de Febrero, 2026

DIARIO ECO/KABUL, AFGANISTÁN.- El régimen talibán de Afganistán ha generado una ola de críticas tanto dentro como fuera del país tras la aprobación y entrada en vigor de un nuevo Código Penal, que ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos por sus disposiciones consideradas regresivas y contrarias a normas internacionales.

La normativa, promovida por el líder supremo Hibatullah Akhundzada, consta de 119 artículos que introducen un sistema de justicia estratificado y penalizaciones que muchos observadores califican de injustas y discriminatorias.

Entre los aspectos más controvertidos figura la aplicación de penas mínimas para casos de violencia doméstica: bajo la nueva legislación, golpear a una esposa o a un hijo puede acarrear como máximo 15 días de prisión, y solo en situaciones en las que se logre demostrar lesiones visibles ante un tribunal, algo que activistas consideran extremadamente difícil dadas las restricciones a las mujeres en el país. Además, el código legaliza de facto castigos corporales y concede amplias facultades discrecionales a jueces, mientras que categorías como “libres” y “esclavos” en el texto han sido interpretadas como una regresión hacia formas de desigualdad legal nunca antes vistas en Afganistán.

De acuerdo con medios internacionales, el nuevo y controvertido código judicial que clasifica a la sociedad en cuatro categorías y establece castigos diferenciados según el estatus social del acusado, reserva las penas de prisión y latigazos para las clases bajas y simples «advertencias» para la élite y los clérigos.

La comunidad internacional y grupos afganos por los derechos civiles han expresado alarma por las implicaciones de estas reformas, que, según críticos, institucionalizan la discriminación por género, clase y opinión, y debilitan principios fundamentales como la igualdad ante la ley y el debido proceso. Defensores de derechos humanos advierten que el nuevo marco jurídico puede facilitar la opresión contra mujeres, minorías y disidentes, y solicitan a organismos multilaterales ejercer presión diplomática y sanciones para revertir medidas que consideran una violación sistemática de los derechos humanos.