Internacional. Jueves, 08 de Enero, 2026
DIARIO ECO/WASHINGTON, EE. UU.- Un jurado federal en Nueva York acusó recientemente al presidente venezolano Nicolás Maduro, a su esposa, Cilia Flores y a varios funcionarios de conspirar con cárteles de drogas colombianos para importar cocaína a territorio estadounidense, en lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos define como una conspiración de “narcoterrorismo”.
Flores y Maduro fueron capturados por fuerzas estadounidenses en Caracas y llevados a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo y delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas.
El antecedente del caso tiene raíces en 2015, cuando dos sobrinos de Cilia Flores, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, fueron arrestados en Puerto Príncipe, Haití, mientras intentaban transportar 800 kg de cocaína hacia Estados Unidos con ayuda de intermediarios, según investigaciones de la DEA y documentos judiciales. Ambos, conocidos en los medios como los “narcosobrinos”, fueron juzgados por un tribunal federal de Estados Unidos, encontraron culpables de conspiración para importar cocaína y condenados a largas penas de prisión en 2016. Más tarde, fueron liberados en 2022 como parte de un canje de prisioneros entre Washington y Caracas.
El vínculo entre los sobrinos y las actuales acusaciones se ha utilizado para reforzar la narrativa de que altos miembros del gobierno venezolano habrían facilitado o tolerado actividades de narcotráfico a cambio de ganancias políticas y económicas. Washington sostiene que no se trata únicamente de casos aislados, sino de una red más amplia de corrupción y complicidad que supuestamente implicaba a la cúpula del régimen. Sin embargo, críticos del gobierno venezolano y analistas políticos a veces califican estas acciones como parte de una estrategia para debilitar políticamente a Maduro y a sus aliados, alimentando el debate sobre si estas acciones son legales, justificadas o motivadas por razones geopolíticas.
¿Fue el arresto de los sobrinos una jugada del imperialismo?
No. El arresto de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas en 2015 fue resultado de una operación internacional liderada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y no una acusación infundada según los documentos judiciales: se les encontró culpables en un juicio federal por conspirar para enviar más de 800 kg de cocaína a EE.UU. en vuelos programados desde Venezuela a través de intermediarios, y fueron condenados en 2016 por un jurado en Nueva York. Dicho eso, algunos sectores políticos en
Venezuela y simpatizantes del chavismo han denunciado que la acción de la DEA y los fiscales estadounidenses fue desproporcionada o motivada políticamente para socavar al gobierno venezolano. Esta narrativa argumenta que Washington busca desestabilizar al gobierno venezolano más que simplemente combatir el tráfico de drogas —una postura que es parte del discurso político internacional pero que contrasta con los hechos procesales y condenas reales del caso judicial estadounidense.