Nacionales. Lunes, 13 de Octubre, 2025

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- A partir de este lunes inicia un proceso de diálogo entre las autoridades y los empresarios chinos, afectados por el cierre de negocios, para llegar a un posible acuerdo y que estos puedan abrir sus tiendas, informó el abogado Salvador Catrain.

El togado, de acuerdo con una nota de prensa enviada a nuestra redacción, dijo que recibió una llamada de las autoridades competentes y que fue convocado junto a los empresarios chinos a una reunión este lunes a las 10:00 de la mañana, por lo que decidió posponer la rueda de prensa.

«Entendemos que va a comenzar un proceso de diálogo que definitivamente garantice la posición que ha asumido el MIVHED y por el otro lado los derechos de las empresas chinas que representa”, dijo el abogado.

Exhortó a que a partir de este lunes permanezcan atentos, porque se estaría anunciando la solución o el tipo de solución que se pretende arribar con el conflicto y en su defecto expondrá su posición en defensa de los intereses de los empresarios chinos que representa.

«Nosotros representamos intereses, el diálogo, la conversación, los acuerdos consensuados son la mejor forma de arribar a una solución a este tipo de conflicto», dijo el abogado. Sin embargo, no reveló con quién se reuniría este lunes y agradeció a los medios de comunicación su interés por el caso y se comprometió a informar a la opinión pública el curso de la reunión.

El pasado 26 de agosto y el 8 de septiembre de 2025, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) ordenó el cierre de la tienda SUPLAX, en el Distrito Nacional y otras en el interior del país, alegando una supuesta falta de licencia de construcción. Posteriormente, esta medida fue extendida a nueve establecimientos adicionales de origen chino, sumando un total de once comercios afectados.

«El MIVHED actuó de manera arbitraria y sin competencia, vulnerando derechos fundamentales de empresarios que operan conforme a la ley. Estas acciones carecen de sustento jurídico y afectan gravemente la seguridad jurídica y la confianza de la inversión extranjera en el país», precisó al tiempo de considerar que el cierre de los establecimientos ha evidenciado una falta de transparencia por parte del MIVHED y una persecución selectiva.

Entiende que todas estas tiendas, legalmente constituidas, cuentan con permisos municipales y medioambientales vigentes. Han operado durante más de un año, generando empleos directos e indirectos y contribuyendo significativamente al desarrollo económico y comercial de las comunidades donde están establecidas.

Dijo que el MIVHED actuó sin agotar el debido proceso administrativo y sin contar con la competencia legal para ordenar el cierre o la paralización de establecimientos ya edificados, establecidos y en funcionamiento, conforme a la normativa vigente.