Nacionales. Jueves, 12 de Febrero, 2026

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- En el día de ayer, miércoles, decenas de choferes y dirigentes del transporte público llevaron a cabo una protesta frente a la sede del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) para exigir que cesen la imposición de multas, que oscilan entre los RD$30,o00 y RD$50,000 pesos, montos que consideran «excesivos y abusivos», ya que asfixian su sustento diario.

También se quejaron de la retención de vehículos incluso cuando operan en rutas y perfiles autorizados por la misma institución del cual son afiliados, la Federación Nacional del Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), dirigida por Juan Hubieres.

El dirigente Eudis Sánchez dijo, en el transcurso de la manifestación, que múltiples conductores han sido detenidos mientras operaban en rutas que, según los transportistas, están permitidas desde hace más de 20 años, lo que ha generado tensión entre los choferes y autoridades del sector.

Los que escenificaban la protesta afirmaron que algunas unidades fueron retenidas por presunta violación al código 323, relacionado con el acondicionamiento de los vehículos para brindar el servicio de transporte.

De acuerdo con los transportistas, pese a que los choferes contaban con licencia y seguro al día, las autoridades incautaron las unidades y exigieron el pago de las multas para su liberación. También denunciaron que algunos conductores fueron trasladados sin poder realizar llamadas telefónicas durante el proceso.

Kelvin Díaz, miembro del bloque de transportistas de Santo Domingo Norte y afiliado a FENATRANO, explicó que decidieron paralizar sus labores en señal de protesta y advirtió que podrían intensificar las movilizaciones si no reciben respuestas claras de las autoridades.

“Estamos trabajando en perfiles de ruta autorizados y entendemos que estas acciones son un abuso. Si es necesario, iremos hasta el Palacio Nacional”, expresó.

En tanto, el dirigente Pablo Acosta, de la ruta Villa Mella–Sabana Perdida, solicitó la intervención de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República para investigar el destino de los fondos recaudados por concepto de multas, además de denunciar supuestas irregularidades relacionadas con el programa Bonogás para choferes.

Los transportistas también señalaron la falta de diálogo con las autoridades del sector y exigieron la apertura de una mesa de trabajo para revisar la regulación de rutas y las condiciones actuales del sistema de transporte, argumentando que el crecimiento poblacional ha superado la normativa vigente desde el año 2005.