Nacionales. Jueves, 15 de Enero, 2026

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, descartó que el sector esté planificando un paro de labores, aunque advirtió sobre el fuerte impacto que tendría la aplicación del artículo 36 de la Ley 98-25 de Residuos Sólidos, el cual —según afirmó— establece incrementos desproporcionados de hasta un 500 % en los cobros a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

García explicó que la preocupación fue abordada en una asamblea nacional con 160 dirigentes del comercio, donde se evidenció que empresas que antes pagaban RD$5,000 ahora deben pagar RD$20,000, mientras otras pasaron de RD$90,000 a RD$260,000. Señaló que, aunque la ley define el pago como una “contribución voluntaria obligatoria”, en la práctica funciona como un impuesto, ya que se registra en la cuenta de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), generando recargos e intereses y condicionando la obtención de certificaciones fiscales.

El dirigente comercial cuestionó además la falta de proporcionalidad del cobro, al basarse únicamente en los ingresos declarados ante la DGII y no en el tipo de negocio ni en la cantidad de desechos que genera. “Una oficina de abogados que facture 200 millones de pesos paga lo mismo que una industria que vende 25 mil millones y produce muchos más residuos”, afirmó, calificando la medida como inconstitucional desde su origen, durante una entrevista en el programa El Despertador,

García reveló que la FDC sostuvo recientemente una reunión con el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, la cual calificó de productiva. Anunció que la próxima semana se reunirán con los presidentes de ambas cámaras legislativas para proponer modificaciones a varios artículos de la ley, a partir de la legislatura que inicia el 27 de febrero.

Finalmente, advirtió que con la Ley 225-20 se recaudaron RD$7,128 millones en 2024 y que para 2025 la cifra ascendió a casi RD$22,000 millones, de los cuales las mipymes asumirían el 88.7 %. “Somos el 98.7 % de las empresas del país y los mayores empleadores. Castigarnos con estos cobros solo incrementará los costos y terminará afectando al consumidor”, concluyó.