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¡Criterio unificado! Iglesias católicas y protestantes rechazan «manos de seda» contra imputados en caso SeNaSa

Nacionales. Martes, 16 de Diciembre, 2025

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- Líderes de diversas iglesias católicas y protestantes han expresado su rechazo al trato diferenciado que perciben en la imposición de medidas de coerción en el caso de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El obispo de la Diócesis Stella Maris, monseñor Manuel Ruíz de la Rosa, calificó como «insólito» que algunos implicados hayan recibido prisión preventiva mientras otros gozaron de arresto domiciliario o medidas más suaves, lo que calificó como una «mano de seda» que podría socavar la confianza ciudadana en la justicia dominicana. Ruíz recordó que el símbolo de la justicia es la imparcialidad, y llamó a que las sanciones sean proporcionales a la responsabilidad de cada implicado.

Además, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica -CODUE-, que agrupa a iglesias protestantes, instó a las autoridades judiciales y al Ministerio Público a actuar con firmeza, transparencia y respeto al debido proceso, rechazando cualquier complacencia que pudiera dar la impresión de un trato privilegiado para ciertos imputados. El pastor Feliciano Lacen Custodio enfatizó que la justicia debe ser ejemplar pero no un espectáculo, y que la lucha contra la corrupción debe acompañarse de una renovación ética e institucional que restaure la confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas.

Estas declaraciones se producen en medio de un clima de intensa discusión pública sobre las consecuencias sociales y morales del caso SeNaSa, en el que el exdirector ejecutivo y otros altos funcionarios enfrentan imputaciones por un presunto desfalco multimillonario que afectó a los recursos destinados a la salud de millones de afiliados. Tanto representantes católicos como protestantes subrayan que la corrupción no solo vulnera la ley, sino que atenta contra valores éticos y la dignidad de los más vulnerables, haciendo un llamado a toda la sociedad dominicana a no normalizar prácticas que erosionen el Estado de derecho.