Nacionales. Lunes, 15 de Diciembre, 2025

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- La continuidad de Milagros Ortiz Bosch al frente de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) se ha colocado en el centro del debate público, luego de que saliera a relucir que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), recientemente implicado en un presunto desfalco millonario, había recibido una calificación perfecta de 100 puntos por parte de esa institución. El cuestionamiento surge ante la aparente contradicción entre la evaluación máxima otorgada y las graves irregularidades que, según el Ministerio Público, se desarrollaron durante años dentro de la entidad.

¿Cuáles son los parámetros para esas calificaciones?

Ante ese escenario, surge la pregunta de cuáles son los parámetros utilizados por la DIGEIG para otorgar dichas calificaciones y si el organismo está cumpliendo de manera efectiva su rol de supervisión de la ética pública. Esta no es la primera vez que una institución reconocida con altos niveles de transparencia termina envuelta en escándalos de corrupción; recordamos que el Intrant también obtuvo una puntuación de 100 antes de destaparse el caso de la presunta licitación irregular del sistema semafórico, situación que igualmente generó cuestionamientos al sistema de evaluación estatal.

¿Debería Milagros Ortiz Bosch renunciar a la continuidad de Milagros Ortiz Bosch al frente de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental?

Ante este panorama, surge la pregunta: ¿Ortiz Bosch debería renunciar o asumir responsabilidad política por las fallas en los mecanismos de monitoreo institucional?  La DIGEIG no ha ofrecido aún una respuesta detallada sobre los criterios aplicados en las evaluaciones que, en ambos casos, coincidieron con instituciones luego señaladas por hechos de corrupción.

 ¿Debe la DIGEIG vigilar las actuaciones de los funcionarios públicos o no?

La función de la DIGEIG es implementar políticas que promuevan la ética, integridad, transparencia, la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción en las instituciones del Estado