Nacionales. Lunes, 08 de Diciembre, 2025

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, expresó preocupación por los casos de corrupción en las instituciones públicas, advirtiéndo que este mal se ha convertido en una «amenaza directa» que pone en riesgo la «dignidad nacional».

El comentario surge a raíz del apresamiento de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y otras siete personas imputadas de «defraudar esa administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos», mientras varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación con el propósito de judicializarlas conforme avancen las indagatorias del órgano acusador.

Ulloa, a través de una publicación en su cuenta de X, sostuvo que la corrupción debe ser combatido con «firmeza» o de lo contrario las entidades del Estado continuarán debilitándose, así como el futuro de las nuevas generaciones.

«La corrupción no es un caso aislado: es una amenaza directa contra la dignidad nacional. El país no puede seguir atrapado en la sospecha permanente. O enfrentamos la corrupción con firmeza, o la corrupción seguirá debilitando nuestras instituciones y el futuro de nuestros hijos», alertó.

Declaró que la Constitución es clara, resaltando que en su Art. 138 establece que la administración pública debe actuar con legalidad, responsabilidad y transparencia; el Art. 146 dice que la corrupción debe ser perseguida, sancionada y reparada, sin privilegios; el Art. 147: Los fondos públicos pertenecen al pueblo, no a quienes los administran, y el Art. 69: El debido proceso es sagrado; la justicia no puede ser espectáculo ni arma política.

«Un Estado que funciona no elige entre justicia o garantías: exige ambas al mismo tiempo. Verdad sin persecución. Justicia sin ruido. La OCDE lo ha demostrado: los países que toleran la impunidad pagan el precio por décadas —menos inversión, instituciones débiles y una ciudadanía desencantada», apuntó.

Consideró que este es el momento de elevar el estándar nacional. «República Dominicana merece instituciones que funcionen, no instituciones que se expliquen. La transparencia no es una opción: es un deber patriótico y un mandato constitucional», agregó.