Nacionales. Lunes, 16 de Febrero, 2026

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- Colaboradores del Poder Judicial han denunciado en reiteradas ocasiones presuntos casos de acoso laboral y abuso de poder en la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, señalando directamente a la magistrada Wendy Sonaya Martínez Mejía, presidenta de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, por alegadas humillaciones, maltratos y agresiones constantes contra servidores judiciales bajo su supervisión.

En capturas de pantalla enviadas a Diario Eco, con mensajes dirigidos al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, los colaboradores muestran su descontento.

En una de las publicaciones, fechada el 18 de diciembre de 2025, un usuario advirtió a Molina y a los integrantes del Consejo del Poder Judicial sobre las consecuencias emocionales que, según afirma, estarían enfrentando algunos empleados. El denunciante sostiene que los acosos prolongados podrían derivar en situaciones graves de salud mental y cuestiona la falta de intervención de las autoridades competentes, asegurando que lleva más de ocho años presentando quejas sin obtener respuesta.

Otros comentarios, publicados en diciembre de 2025 y enero de 2026, reiteran acusaciones de abuso de poder, señalando que las denuncias interpuestas ante los departamentos correspondientes habrían sido archivadas sin mayores resultados. Los autores de las reseñas afirman que el personal judicial desea desempeñar sus funciones en un ambiente de respeto y paz, y que la situación ha generado temor e indignación entre empleados que, según indican, evitan pronunciarse públicamente por miedo a represalias laborales.

El 28 de enero de 2026, una publicación atribuida a la propia Corte de Trabajo hizo un “breve paréntesis” en relación con comentarios previos, recordando que los asuntos disciplinarios o administrativos relativos a jueces cuentan con mecanismos formales establecidos por el ordenamiento jurídico, los cuales garantizan objetividad y derecho de defensa. Sin embargo, en el mismo espacio se insistió en que las denuncias por presunto acoso laboral no constituyen difamación, sino reclamos reales de servidores que alegan haber sido afectados emocionalmente por la situación.

Hasta el momento, no se ha informado de una decisión oficial pública sobre estos señalamientos ni de la apertura de un proceso disciplinario específico.