Nacionales. Viernes, 20 de Febrero, 2026

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- En el día de ayer la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) declaró la nulidad de los contratos suscritos por el Ministerio de Educación (Minerd) para la adquisición de servicios de internet y telefonía destinados a centros educativos a nivel nacional.

La entidad informó que la decisión fue tomada a raíz de una investigación de oficio en la que se determinó que el MINERD usó de manera indebida la figura de «Servicio Básico» para contratar servicios, incorporando elementos que requieren procedimientos distintos según la Ley 340-06. También se halló que aplicó una modalidad contratación que no correspondía, incorporó elementos ajenos sin seguir los procedimientos legales, vulnerando el criterio de selección objetiva.

«Esto constituye una grave irregularidad en la contratación pública», declaró.

Indicó que fueron revisados 16 contratos bajo la figura de «Servicios Básicos» para incluir elementos que exceden la simple conectividad, lo que implicó la evasión del procedimiento de contratación adecuado.

La Dirección General de Contrataciones Públicas señaló que los contratos de internet contenían elementos ajenos al sevicio básico, como: Instalación de campos virtuales, equipos de seguridad y red (Fortigate, Fortinet), leasing de equipos, monitoreo, soporte y mantenimientos avanzados, señalando que «todo esto requería un procedimiento competitivo distinto».

Para proteger el interés general y la continuidad del internet en las escuelas, la DGCP dispuso la nulidad surte efectos en 20 días hábiles, contados desde la notificación oficial y la no interrupción del servicio mientras se corrigen las contrataciones.

Expuso que durante ese plazo, el Ministerio de Educación debe convocar nuevas contrataciones, separar la conectividad de los servicios y equipos accesorios, justarse estrictamente a la Ley 340-06 y sus modificaciones, evitar incluir publicidad u otros bienes y servicios dentro de los contratos de servicios básicos.

La DGCP instruyó remitir la resolución a la Contraloría General de la República y Cámara de Cuentas, así como elaborar protocolos claros que regulen cómo se seleccionan contratistas de servicios básicos, evitando arbitrariedad y desviaciones.