Nacionales. Jueves, 24 de Febrero, 2022

SANTO DOMINGO, RD.- Con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de niños y adolescentes que se encuentra en la calle, el Gabinete de Niñez y Adolescentes (GANA), junto al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) presentaron un plan piloto para una atención y seguimiento integral a esta población.

En ese sentido, la primera dama de la República Raquel Peña, explicó que el Modelo de Intervención para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en Situación de Calle y Movilidad en Espacio Públicos se ha consensuado con las 15 instituciones que conforman el gabinete que ella preside.

Señaló que fueron asignados a cada una rolos funciones especificas y que con los representantes de cada una de ellas se ha constituido la Unidad Técnica Operativa (UTO), que estará a cargo de su ejecución.

Según las palabras de la presidenta del Conani, Ana Cecila Morun, cada una de las entidades ha realizado una serie de entrenamientos para que, lejos de ser un operativo de retiro de niños y adolescentes de las calles, sea realmente una respuesta integral.

En tanto que el encargado del departamento de Políticas, Normas y Regulaciones de Conani, Alberto Padilla, hizo la exposición con los detalles del proyecto, que busca “responder a cada uno de los factores que inciden para que los niños terminen en las calles: la pobreza, disfunción familiar crítica, escuela ausente y débil cohesión social», señaló.

Precisaron que han identificado ocho perfiles de niños en situación de calle que son los parqueadores y limpiavidrios, los utilizados por adultos para mendicidad, los que mendigan por cuenta propia, los vendedores de frutas u otras mercancías, los que mendigan en zonas turísticas o recreativas, los recicladores de basura o buzos, los que son usados para distribuir drogas o cometer ratería y los que son utilizados para otro tipo de trabajos peligrosos.

Además, indicaron que el nuevo modelo de intervención comienza con una detección y continúa con un abordaje inicial del caso, que implicará una evaluación psico-social y legal. En ella se va a realizar un diagnóstico preliminar para la determinación del grado de vulnerabilidad y una valoración de las alternativas  de solución y toma de medidas de protección, de forma provisional.

Sostienen que serán ejecutadas modalidades de atención residencial o ambulatoria, en el medio familiar, en la comunidad, de apoyo social y de orientación y asistencia legal. El Ministerio Público acompañará el proceso, procesará a los adultos responsables, entregará a los niños por medio de acuerdos y dará un seguimiento judicial a los adultos.

Una vez superados los indicadores de superación de la vulnerabilidad, habrá un programa de seguimiento y acompañamiento socio-familiar y escolar hasta cerrar el caso. El Conani dará seguimiento directo con los directores de las escuelas donde los niños sean reintegrados.

(Con información de Diario Libre)