Nacionales. Jueves, 22 de Enero, 2026

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- El proyecto de ley presentado por el señor Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun, senador de la República por la provincia San José de Ocoa, ha generado atención y debate en distintos sectores vinculados a la administración municipal. Esta iniciativa fue sometida y tomada en consideración durante la sesión celebrada el 27 de noviembre de 2025, marcando un nuevo capítulo en la discusión sobre el manejo de los recursos de los ayuntamientos y juntas de distritos municipales.

La propuesta legislativa busca modificar el artículo 21 de la Ley núm. 176-07, del 17 de julio de 2007, conocida como la Ley Orgánica del Distrito Nacional y los Municipios. Dicha normativa establece los criterios para la distribución y uso de los recursos que reciben los gobiernos locales, los cuales son fundamentales para la prestación de servicios y el desarrollo comunitario.

Según explicó el senador Ortiz Sajiun, el objetivo central de esta ley es introducir cambios al artículo 21, el cual ya había sido modificado previamente por la Ley núm. 75-25, del 5 de agosto de 2025. Con esta nueva modificación, se pretende ajustar nuevamente los porcentajes y las disposiciones que regulan la asignación de los fondos municipales.

El legislador argumenta que la reforma permitiría una mayor flexibilidad administrativa a los ayuntamientos, facilitando una mejor respuesta a las necesidades locales. A su juicio, los municipios requieren un marco legal más dinámico que les permita ejecutar proyectos y cubrir compromisos sin las limitaciones actuales.

No obstante, la iniciativa no ha estado exenta de cuestionamientos. Al ser consultado sobre el proyecto, el diputado Rafael Castillo expresó serias preocupaciones sobre los efectos que podría tener su aprobación en la gestión municipal y en la transparencia del uso de los recursos públicos.

Castillo advirtió que, de aprobarse la ley en los términos propuestos, los alcaldes podrían disponer de los fondos municipales con mayor discrecionalidad, lo que, a su entender, podría abrir la puerta a prácticas poco responsables en el manejo del presupuesto local.

Uno de los puntos más sensibles señalados por el diputado es el aumento del porcentaje destinado al pago de nómina. Actualmente, la ley establece un 25 % para este renglón, pero la modificación planteada elevaría ese límite hasta un 30 %, reduciendo así los recursos disponibles para inversión en obras y servicios comunitarios.

Esta posible variación en la distribución de los fondos ha generado inquietud entre sectores que consideran que el gasto en personal ya representa una carga significativa para muchos ayuntamientos, afectando su capacidad de ejecutar proyectos de impacto social.

El debate sobre esta reforma pone sobre la mesa la necesidad de equilibrar la autonomía municipal con mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas, a fin de garantizar que los recursos lleguen realmente a las comunidades y se utilicen de manera eficiente.

Por el momento, el proyecto continúa su curso legislativo y se espera que en las próximas sesiones se definan los resultados de esta propuesta. Mientras tanto, distintos actores políticos y sociales permanecen atentos al desenlace, conscientes de que cualquier modificación a la Ley 176-07 tendrá un impacto directo en la gestión y el futuro de los gobiernos locales.

Por Roberto Veras