Nacionales. Miercoles, 28 de Diciembre de 2022
DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, reaccionó ante las lluvias de criticas que han surgido en torno a la ley de fideicomiso público, la cual fue sometida por el Poder Ejecutivo y que busca ser aprobada en la Cámara de Diputados.
«El debate sobre una legislación para mejorar el funcionamiento de los fidecomisos. Es saludable. El proyecto actual, sometido por el gobierno, es más transparente y más moderno que las maneras en las que estos funcionaban en la administración anterior», manifestó.
El funcionario dijo que el hecho mismo de querer legislar al respecto en vez de usar la facultad reglamentaria o de hacer uso del principio contractual de autonomía de las partes contratantes muy propio de la materia civil es en sí mismo un ejercicio de transparencia.
«La constitución y el ejercicio de estos fidecomisos públicos en administraciones de otras partes del mundo demuestran lo necesario de una actividad legislativa constante para evitar eso mismo que se denuncia, la lejanía del accionar de esta figura de la transparencia pública», expuso en un tuit.
Desde ayer martes miembros del Comité Político y Central y diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) rechazaron dicha pieza legislativa, ya que lo consideran como un golpe a la «transparencia y la institucionalidad».
El economista y ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, mostró su desacuerdo con que diputados supuestamente busquen aprobar la ley de fideicomiso público, la cual ya fue admitida en el Senado, ya que esto significaría «un retroceso a la transparencia y a la institucionalidad».
Explicó que la propuesta de ley en el artículo 13 exime a los fideicomisos públicos de cumplir con la ley de compras y contrataciones, sustituyéndola por un «reglamento propio de cada fideicomiso». «Esto es violatorio a la Ley 340-06 artículo 2 y a la sentencia del TC 0305 de dic de 2014», puntualizó.
Asimismo, el diputado Radhamés Camacho señaló que el gobierno está obstinado en privatizar y pretende manejar la cosa pública «como si fuera una empresa, sin cumplir con los controles que todo gobierno debe tener para el manejo correcto y transparente de los fondos públicos».
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Por: Jenniffer De Los Santos
