Nacionales. Lunes, 08 de Diciembre, 2025

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- El jurista y constitucionalista Eduardo Jorge Prats ha calificado la reciente aprobación y promulgación del nuevo Código Procesal Penal en el país como una «perversa contrarreforma».

El jurista crítica la aprobación acelerada de la pieza por parte del Congreso Nacional (Cámara de Diputados y Senado) para cumplir con un plazo establecido por una sentencia del Tribunal Constitucional, que vencía el 11 de diciembre de 2025. Esta premura se impuso sobre la prudencia y el debate profundo.

De igual modo, deploró la ausencia de una vacatio legis adecuada, indicando que la ley entrará en vigor de inmediato (o con un plazo muy breve), sin dar tiempo a los diversos actores del sistema de justicia (jueces, fiscales, abogados, personal administrativo) a adaptarse a los cambios procesales necesarios, lo que, a su juicio, generará graves problemas de aplicación en el sistema de justicia del país.

«¡Qué pena! ¡El golpe avisa! ¡Oh Dios cuantos odios! ¡Que Dios nos ampare! ¡A luchar soldados valientes! ¡Que llegó la revolución de los derechos y la legalidad!», exclamó.

Publicación íntegra en su cuenta de X:

Todo está consumado. El nuevo Código Procesal Penal ha sido aprobado sin la vacatio legis propia de las modificaciones a la legislación procesal necesarias para la adecuación de los actores del proceso a la nueva legislación, con todos los graves problemas de aplicación que ello acarrea. Se trata de una perversa contrarreforma procesal penal -que no era justa ni necesaria, pues bastaba poner de nuevo en vigencia el CPP modificado en 2015 y consensuar posteriormente uno garantista siguiendo los lineamientos del Tribunal Constitucional- hecha como traje a la medida de un Ministerio Público autoritario que desprecia las garantías penales y procesales, en su descarada, infinita y populista furia punitiva, y que ha buscado, como miembro rector del concierto diabólico fiscales, policía, jueces, prensa y redes sociales, consolidar expresa y legislativamente la mala práctica de jueces penales que distorsionaron un CPP garantista, creando un derecho procesal penal degenerado gracias a su maltrato interpretativo constitucional. En todo caso, hasta que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la mayoría de sus disposiciones, que es de esperar pues viola sus precedentes, los jueces deberán aplicar a los procesos penales en curso el viejo CPP, en respeto a la seguridad jurídica, la irretroactividades de la ley, la confianza legítima y el principio de favorabilidad. El presidente Abinader, al promulgar esta legislación, ha querido y preferido dejar claro que apoya firmemente la lucha contra la criminalidad en todas sus expresiones, pues tiene amigos y no cómplices, lo que aplaudimos como ciudadanos. Pero quienes propiciaron esta legislación deben saber que esta legislación custom made se les aplicará en su momento. Y esto último es penoso: significa sencillamente que los dominicanos no somos capaces de lograr la igualdad ante la ley. Es decir, que sólo podemos concretar la igualdad ante el atropello: lograr que a todos, sin distinción, se nos violen, por igual y en la misma medida, nuestros derechos. ¡Qué pena! ¡El golpe avisa! ¡Oh Dios cuantos odios! ¡Que Dios nos ampare! ¡A luchar soldados valientes! ¡Que llegó la revolución de los derechos y la legalidad!