Nacionales. Miercoles, 09 de Julio, 2025

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- La Contraloría General de la República supuestamente ha identificado graves irregularidades en el contrato entre la compañía Dolor y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre -INTRANT-.

De acuerdo a los hallazgo de la institución fiscalizadora, las anomalías revelan un esquema de corrupción que, involucra contratos sin licitación pública, pagos no registrados y violaciones que se constituyen el delitos de tipo penal.

La Contraloría, entre los hallazgo más significativos, detectó pagos realizados sobre la base de agendas y formas de contratos que no fueron registrados ni notificados a las autoridades correspondientes.

Asimismo, la entidad identificó adjudicaciones de contratos sin la publicación de ofertas económicas, los cuales violan los procedimientos establecidos para la contratación del Estado.

La investigación reveló que hubo falta de conciliaciones bancarias para transparentar los cobros efectuados a través de la empresa Pago RD, vinculada a ejecutivos de Dkolor. Según el contrato, esta empresa debía entregar el 90% de lo recaudado al Estado, pero las autoridades determinaron que ocurrió lo inverso, quedando el Estado con apenas el 10% de los ingresos.

El contrato de Dkolor recibió tres adendas suscritas por pasados directivos del INTRANT sin ser aprobadas por el Consejo Directivo de la entidad. Cada modificación encareció significativamente el objeto del contrato, centrándose en el aumento de los costos operativos en detrimento del erario público.

Las autoridades estiman que las irregularidades representan aproximadamente 700 millones de pesos en perjuicio del Estado dominicano. La investigación evidenció que hubo «soborno, chantaje y lavado de activos» en la ejecución de este contrato.

El director del INTRANT, Milton Morrison, presentó una querella contra los ejecutivos de Dkolor por haber intentado sobornarlo para que se uniera a los presuntos actos de corrupción. Se espera que el Ministerio Público solicite a la Cámara de Cuentas una auditoría forense y realice su propia investigación para determinar si procede someter a la justicia a los ejecutivos involucrados.