Nacionales. Martes, 11 de Abril, 2023
DIARIO ECOA/SANTO DOMINGO, RD.- La Procuraduría General de la República informó ayer miercoles que investiga si se violaron las instrucciones generales para la prevención y persecución de los casos de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, relativo al caso de la comunicadora Chantal Jiménez, quien resultó muerta el pasado sábado de manos de su feminicida Yensy Graciano Cepeda -expareja-..
De acuerdo a la PGR, la investigación se llevará a cabo a través de la Inspectoría General del Ministerio Público y la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género, quienes determinaran si las particularidades del proceso que vinculaba a la hoy occisa y a su agresor, Yensy Graciano Cepeda -expareja-, quien se habría suicidado tras cometer tan nefasta acción.
El organismo indicó que espera a concluir las investigaciones relativas a este caso, con la finalidad de tomar las acciones que correspondan, a fin de evitar la ocurrencia de hechos similares.
Recordó que el numeral 5 de dichas instrucciones establece sobre el desistimiento de la víctima: “cuando una víctima desiste de su denuncia o proceso, esta acción para nada compromete el accionar del Ministerio Público, que debe procurar siempre, a parte del testimonio de la víctima, otros elementos probatorios por si se produce tal circunstancia. Recordamos que estos delitos son de orden público y, no obstante, deben continuarse hasta el final. La víctima desiste por estar envuelta en el Síndrome de la Mujer Maltratada, por no reconocerse como víctima, por la presión social a la que es sometida y por la vergüenza que siente sobre lo que pasa”.
Agrega que: “en consecuencia queda totalmente prohibido levantar actas de compromisos, en materia de violencia de feminicida. A tales fines, la postura del Ministerio Público deberá permanecer invariable, a pesar de que la víctima como consecuencia del Síndrome de la Mujer Maltratada o la indefensión aprendida, quiera establecer un acuerdo. Es importante tener en cuenta que, para acordar, el consentimiento de las partes no puede estar viciado y una mujer que tiene su vida en riesgo frente a su verdugo agresor carece de libertad para convenir al margen de las secuelas que deja la violencia feminicida.