Nacionales. Miercoles, 11 de Octubre de 2023
DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- Argumentando que los montos destinados por el Poder Ejecutivo para la justicia en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2024, son violatorios a la Ley miembros del Colegio de Abogados de la República Dominicana -CARD- protestaron frente al Congreso Nacional.
Los togados en rechazo de la reducción de los recursos asignados para el Poder Judicial contemplados en el Proyecto de Presupuesto Nacional para el 2024, que ha sido de RD$8,623,324.578 para el Poder Judicial y RD$9,648,535,941 para la Procuraduría General de la República, lo cual es violatorio a la Ley 194-04, que establece la asignación de 4.10% del Presupuesto Nacional para el sector justicia.
La manifestación estuvo encabezada por el presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, quien dijo que de mantenerse dicha asignación igual sería un grave atentado a la administración de justicia en la República Dominicana, que se encuentra en una grave crisis por la ausencia de jueces, fiscales y personal suficiente para responder a la demanda de servicios de la ciudadanía, generando un retardo fatal en las decisiones judiciales qué se refleja en una alta tasa de mora judicial, procesos penales interminables.
Surun Hernández recordó que actualmente hay más de 17,000 presos preventivos con sus prisiones vencidas, convirtiendo nuestras cárceles en cementerios de hombres vivos.
Los juristas calificaron como grave y preocupante que en la actualidad una simple solicitud de revisión de medida coerción puede tardar de 4 a 6 meses, en procesos que se extienden por años y que luego de dictada una sentencia penal, su motivación puede extenderse hasta por 5 meses por falta de secretaria.
Denuncian que peor situación se presenta en la materia civil con procesos con más de 20 años en los tribunales, que en su mayoría funcionan en edificios deteriorados, sin espacios, escasez de equipos y de material gastable, ni condiciones aptas para los abogados, muchos menos para las víctimas y usuarios del sistema, todo gracias a que el Poder Ejecutivo se apropia de más de RD$40 mil millones de pesos que por Ley le corresponden al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República.
El gremialista agregó que “Con los fondos asignados actualmente no se podrán instalar los 94 tribunales que están aprobados por ley y que no han podido ser puestos en funcionamiento por falta de recursos, tampoco podrán ser mejoradas las instalaciones actuales, las condiciones laborales de los jueces, fiscales, funcionarios judiciales, abogados; asimismo limitará la mejora del servicio que está recibiendo la ciudadanía en este momento».
El presidente del Card dijo que dicho desvío de recursos se verifica a pesar de los cuantiosos ingresos contemplados en el Presupuesto Nacional que ascienden a RD$1,572,986,016,693, contemplados préstamos por el orden de los RD$344,980.21 millones, y US$1,500 millones de dólares.
Presupuesto para el sector justicia
El presidente del Card recordó que el artículo 3 de la Ley 194-04, establece que “El Presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público serán por lo menos un 4.10% de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos y que deben de ser distribuidos de la siguiente manera: Un 65% del 4.10% corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un 35% a la Procuraduría General de la República.
Presupuesto modifica Código Tributario
Los miembros del CARD también plantearon que el Proyecto de Ley de Presupuesto modifica leyes orgánicas como lo es el Código Tributario que contempla la suspensión de indexación anual para fines de pago de impuesto sobre la renta, con lo cual se afecta de manera considerable a decenas de miles de trabajadores que ganan entre RD$26,000.00 y RD$35,000.00, quienes deberían estar exentos del pago de impuesto sobre la renta, pero por la aplicación del artículo 45 quedará sin efecto el ajuste por inflación previsto en el párrafo I del artículo 296 de la Ley que aprueba el Código Tributario de la República Dominicana núm. 11-92.
