Nacionales. Jueves, 08 de Enero, 2026

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, fijó posición la noche de ayer, miércoles, respecto a la situación en Venezuela luego del apresamiento de Nicolás Maduro, presidente de dicho país.

En una alocución transmitida por una cadena de radio, televisión y medios digitales, Fernández expresó su desacuerdo con la reciente operación militar de los Estados Unidos en territorio venezolano y resaltó la necesidad de impedir cualquier derramamiento de sangre que afecte directamente al pueblo venezolano.

El líder opositor dominicano sostuvo que la única salida sostenible a la crisis pasa por el entendimiento entre los propios venezolanos, mediante mecanismos de consenso que permitan restablecer la convivencia democrática y crear condiciones para el progreso social y económico.

“Aspiramos a que por medio del diálogo y la búsqueda de consenso, se pueda arribar a una paz duradera que garantice la convivencia civilizada entre sus ciudadanos, premisa fundamental para el progreso y el bienestar”, expresó.

Fernández recordó que el punto de inflexión más reciente de la crisis venezolana estuvo marcado por el cuestionamiento a la legitimidad de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, proceso en el cual participó como observador electoral internacional.

Discurso íntegro:

“En relación con la reciente operación militar de los Estados Unidos en Venezuela, acontecimiento que aún continúa en proceso de evolución y desarrollo, debemos decir que, a través de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, sustentamos la necesidad de evitar cualquier derramamiento de sangre que afecte al pueblo venezolano.

Por consiguiente, aspiramos a que por medio del diálogo y la búsqueda de consenso, se pueda arribar a una paz duradera que garantice la convivencia civilizada entre sus ciudadanos, premisa fundamental para el progreso y el bienestar.

Estamos conscientes de que el hecho más reciente que ha contribuido al desenlace actual de la crisis venezolana ha sido el cuestionamiento a la legitimidad de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024, en las que participé como observador electoral.

En esa calidad, en la que actuamos con total imparcialidad y neutralidad, consideramos que no se podía proclamar el triunfo del candidato del oficialismo, debido a que no se habían presentado las actas de escrutinio.

A esa decisión arribamos, luego de diversas consultas con los miembros del panel de expertos electorales de las Naciones Unidas; con representantes del Centro Carter; y con el excanciller de Brasil y asesor del presidente Lula da Silva para asuntos internacionales, Celso Amorín.

Al ocurrir el proceso electoral en esos términos, recomendamos en nuestras declaraciones finales, “poner en el centro de la consideración nacional un genuino y productivo diálogo político interno entre los propios venezolanos.”

A eso agregamos: “Esta propuesta busca ofrecer un camino hacia la paz, la reconciliación y la estabilidad política en Venezuela, y esperamos que pueda ser aceptada y apoyada como una iniciativa pragmática y eficaz para evitar nuevas confrontaciones que impidan el desarrollo económico y social de la sociedad venezolana”.

Podemos decir, con toda modestia, que fuimos de los primeros en diagnosticar la crisis de legitimidad que había surgido como resultado del proceso electoral y haber ofrecido un camino de diálogo, de paz y concordia para su solución.

Tenemos la convicción de que, de haberse aceptado esas recomendaciones, que fueron también asumidas por otros observadores electorales, no se habría llegado a las circunstancias actuales.

Esto lo aclaramos porque mientras desde nuestras filas gubernamentales se acentúa una supuesta defensa de la democracia, sin hacer referencia a principios y valores relacionados con la soberanía, la integridad territorial y la libre determinación de los pueblos, nosotros la hemos asumido, con responsabilidad y entereza, desde la génesis misma del conflicto.

Hemos sido y seguimos siendo demócratas en la República Dominicana y más allá de nuestras fronteras. En el plano nacional, hemos gobernado democráticamente durante tres periodos de gobierno y nunca, a pesar de las presiones, hemos intentado modificar la Constitución para permanecer en el poder.

En lugar de tomar partida frente a las controversias regionales, la República Dominicana ha perdido, durante la actual gestión de gobierno, la oportunidad de convertirse en un foro de resolución de conflictos, o en la Capital de la paz en América Latina, como se proclamó al término de la Cumbre de Río celebrada en nuestro país en el 2008, al solucionarse la crisis diplomática entre Colombia, Ecuador y Venezuela.

Somos del criterio de que toda controversia entre Estados debe resolverse en el marco de la Carta de las Naciones Unidas (ONU) y en el ámbito regional, por la de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Nunca estará de más recordar las hermosas palabras que constituyen el preámbulo de los principios acordados en San Francisco, California, en el 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, las cuales dicen así: “Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, reafirmamos la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana… para lo cual se requiere practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos…”

Por tales motivos, en la Fuerza del Pueblo compartimos lo estipulado en el artículo 2 de las normas de Naciones Unidas de la necesidad de que sus Estados miembros diriman sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz, ni la seguridad internacional, ni la justicia.

Así mismo, de abstenerse, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.

En términos similares apunta la Carta de la OEA, cuando en su artículo 3 establece: “El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, la soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional.”

Desde los tiempos coloniales, las luchas de las grandes potencias, en aquella época entre Inglaterra, Francia, Holanda y España, terminaban reflejándose en el destino de los pueblos del Caribe.

Esa fue una de las grandes contribuciones a la interpretación de la historia de nuestros pueblos del maestro Juan Bosch, en su libro, El Caribe, frontera imperial. Ahora, las tensiones geopolíticas internacionales, con el surgimiento de nuevas potencias, amenazan nuevamente el porvenir de nuestras naciones.

América Latina y el Caribe son reconocidos internacionalmente como zona de paz; y no deseamos que las turbulencias actuales que desestabilizan otras áreas del mundo vuelvan a enseñorearse en nuestro horizonte.

Al hacer referencia sobre lo acontecido en la patria de Simón Bolívar, su Santidad, el Papa León XIV, expresó su preocupación por la evolución de la crisis y manifestó su deseo de que la situación derive en “un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres”.

Instó también el Santo Padre a superar la violencia y a emprender caminos de justicia y paz, al tiempo de reclamar respeto a la soberanía de Venezuela, al Estado de Derecho y a los derechos humanos de todos y cada uno.

Por su parte, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en declaraciones ofrecidas ante el Consejo de Seguridad, por medio de la Secretaria General Adjunta para asuntos políticos y de mantenimiento de paz, Rosemary Di Carlo, sostuvo: “Me preocupa profundamente la posible intensificación de la inestabilidad en el país, el impacto potencial en la región y el precedente que pueda sentar sobre cómo se conducen las relaciones entre los Estados”.

A eso agregó: «He subrayado constantemente la necesidad imperativa de que todos respeten plenamente el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, que consagra la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado».

En su comunicado en relación con la situación en Venezuela, el Ministerio de Exteriores del Reino de España, en coordinación con sus socios de la Unión Europea, hizo un llamamiento a la desescalada y a la moderación, y actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de la ONU.

Pero en la misma sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 5 de enero de este año, 2026, varios países de la región expresaron sus puntos de vista en torno a la actualidad venezolana.

Brasil, por ejemplo, rechazó categóricamente la intervención armada en Venezuela, a la que calificó de “flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas”, advirtiendo que los bombardeos y la captura de su presidente traspasan una línea inaceptable.

México, por su lado, condenó la acción militar estadounidense al considerarla una violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y un golpe al multilateralismo. Subrayó la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza, que constituye un principio fundamental del derecho internacional; y recordó que corresponde a los pueblos decidir su propio destino mediante soluciones pacíficas, democráticas y negociadas.

Chile también reafirmó el compromiso de su país con la soberanía, la integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y la prohibición del uso de la fuerza, principios fundamentales para la paz y la seguridad internacionales.

Panamá, igualmente, al expresar su preocupación por la situación y su posible impacto en la paz y la estabilidad regional, llamó a centrar los esfuerzos internacionales en una salida democrática y pacífica.

Así, también, se expresaron otras delegaciones, aunque preciso es reconocer que, entre los países latinoamericanos miembros no permanentes del Consejo, no hubo unanimidad.

Desde el 2002, la crisis venezolana ha pasado por distintas etapas, lo que no ha permitido la convivencia democrática entre sus ciudadanos. Muchos de ellos, inclusive, han tenido, lamentablemente, que trillar los caminos del exilio.

Desde esa época, hace 24 años, hemos estado presentes haciendo el esfuerzo, desde nuestras humildes posibilidades, por contribuir a la paz y a la democracia, en ese hermano país.

Primero, a solicitud del Centro Carter, cuando se nos planteó participar como mediador para superar las confrontaciones entre gobierno y oposición. Luego, en el 2015, cuando nos correspondió encabezar la observación electoral organizada por UNASUR, en que salió triunfante la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), con 112 de los 167 diputados de la Asamblea Nacional.

Posteriormente, otra vez en nuestro rol de mediación en la crisis de 2017, junto a un representante del Papa Francisco; y nuevamente como observador electoral en el certamen del 2024, invitado por el órgano electoral en consenso con la oposición y el oficialismo.

Así pues, durante casi un cuarto de siglo, nuestro papel en Venezuela ha sido el de alguien que, en comunicación con el gobierno y los distintos grupos de oposición, ha actuado siempre, de manera desinteresada, en favor de la paz, la concordia y la democracia del pueblo venezolano.

De eso podemos decir que nos sentimos profundamente orgullosos, pues ha sido también una forma simple y sencilla, pero honesta y profunda, de contribuir a devolverle a Venezuela, todo lo que ese país ha contribuido con nuestra República Dominicana, al recibir en su tierra a nuestro Padre Fundador, Juan Pablo Duarte, y apoyar a los líderes del exilio en sus luchas por derrocar la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

El drama de Venezuela sigue en una diaria evolución, razón por la cual desde la Fuerza del Pueblo hacemos un llamado a la sensatez, a la tolerancia y al diálogo para que, entre todos los miembros de la familia del pueblo venezolano, vuelva a resplandecer la llama de la libertad, la justicia y la democracia.

Mientras tanto, aquí, en nuestro país, esperamos que en este año 2026, el pueblo dominicano disfrute de progreso y prosperidad, y que el gobierno pueda enfrentar con eficacia los graves problemas del alto costo de la vida, el deterioro de los servicios públicos y la inseguridad ciudadana.

Muchas gracias”.