Nacionales. Jueves, 26 de Diciembre de 2024
DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- El abogado y dirigente sindical Mario Díaz, señaló hoy que las propuestas de diversos sectores para resolver los problemas del tránsito en el Gran Santo Domingo y otras provincias del país caen en un vacío institucional y jurídico debido a la inacción por parte de las autoridades, lo cual constituye el principal obstáculo para reducir los entaponamientos vehiculares en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago.
Según Díaz, aunque las normativas existentes ya prevén mecanismos para solucionar la crisis del tráfico, la falta de ejecución efectiva por parte de las autoridades competentes, especialmente el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) desde su creación, han frenado el avance del país en ese sentido.
«Para los dominicanos es de gran satisfacción que el presidente de la República Luis Abinader haya mostrado preocupación y entrega en resolver el problema, una muestra más de ello es la promulgación del decreto número 656-24, que declara de alto interés la seguridad vial en todo el territorio nacional y la firma del Pacto por la Seguridad Vial¨, destacó Díaz tras señalar que, ¨personalmente confía en la actual gestión del Intrant que encabeza Milton Morrison, quien prepara un nuevo marco operativo para la ejecución de las políticas públicas del transporte en mesas de trabajo con diferentes extractos sociales y quien además ha anunciado que se implementará la Inspección Técnico Vehicular (ITV), pero existe el temor de que la ITV no se aplique en el año 2025 y de que el crecimiento desordenado del parque vehicular haga colapsar de una manera inesperada nuestro sistema de tránsito y transporte terrestre.
El marco legal y los fondos disponibles para la solución:
El también secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos FENATTRANSC, subrayó que la Ley No. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, en sus artículos del 166 al 177, establece los mecanismos para la inspección técnico vehicular, respaldados por el decreto No. 5-19 que dispone el Reglamento de la misma y ese marco legal, junto con la disposición de la Ley No 253-12, sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, que en su artículo 20 establece un fondo especial a través de un impuesto sobre las gasolinas y el gasoil Premium para la sustitución de vehículos obsoletos o chatarras, constituye la solución real a los problemas de tránsito vehicular de nuestro país.
Sin embargo, hasta la fecha, estos fondos no han sido utilizados de manera eficiente, lo que ha impedido la renovación del parque vehicular de transporte público y carga, lo que constituye uno de los factores más relevantes en el agravamiento de los embotellamientos.
«Incluso el sector transporte, representado ante los tribunales por la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos FENATTRANSC, logró evacuar la sentencia TC/0589/18 del Tribunal Constitucional, que ordena al Intrant iniciar el proceso de renovación vehicular con esos recursos, nos proponemos utilizar todas las vías legales correspondientes para que la misma se ejecute¨, y anunciamos que esa sentencia de fecha 10 de diciembre del año 2018, será notificada a las autoridades con emplazamiento, a partir de la primera semana de enero del próximo año 2025.
La raíz del problema: los vehículos obsoletos:
Según datos del INTRANT, más del 30% de los vehículos que operan en rutas urbanas e interurbanas tienen más de 15 años de antigüedad, «los vehículos que no reúnen las condiciones mínimas para la circulación son la principal causa de los entaponamientos en las principales vías de desplazamiento vehicular en la República Dominicana, por eso es esencial eliminar estos vehículos obsoletos para poder agilizar el tránsito y reducir la congestión, además las chatarras no solo representan un riesgo para la seguridad vial, sino que también son un obstáculo directo para la movilidad en sentido general», enfatizó Díaz.
La solución: uso adecuado de los fondos y coordinación interinstitucional:
¨Lo primero que se debe hacer es identificar y cuantificar los recursos acumulados desde la implementación del impuesto a los combustibles para la renovación del parque vehicular en 2012, «en ese sentido es crucial que el INTRANT, en coordinación con los gremios de transporte, utilice estos fondos exclusivamente para la sustitución de vehículos obsoletos, tal como lo establece la ley, de lo contrario, corremos el riesgo de que estos recursos se desvíen a otros fines y sigamos enfrentando los mismos problemas de congestión», afirmó.
El costo humano: estrés y exposición a la delincuencia:
El Secretario General de la FENATTRANSC también abordó el impacto psicosocial de los constantes embotellamientos destacando que según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la congestión vehicular y el estrés asociado al tráfico, contribuyen a un aumento significativo en los trastornos psicológicos y el malestar general de la población, además de que los tapones ponen en riesgo a los conductores ante los niveles de delincuencia, robos y atracos en que nos encontramos y afirmó que la situación actual del tránsito vehicular es, de hecho, «un problema más grave que la criminalidad y el costo de la canasta familiar», debido a los niveles de estrés continuo que enfrentan los ciudadanos a diario.
Conclusión: Urge acción coordinada:
Para Mario Díaz, la única forma efectiva de abordar el problema de los embotellamientos en el Gran Santo Domingo y otras provincias es a través de una acción coordinada entre las autoridades gubernamentales, los gremios de transporte y la sociedad civil, tal y como lo ha diseñado el Intrant en las últimas semanas, pero pasando a los hechos.
«La ley está clara y los recursos existen¨, enfatizó Díaz tras destacar que es urgente que el gobierno, a través del INTRANT, tome medidas inmediatas para utilizar los fondos destinados a la renovación del parque vehicular y los utilice a través del Fideicomiso Movilidad y Transporte (Fimovit), creado mediante decreto 353-18, con el fin de reducir la congestión vehicular, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y aumentar la competitividad del país.
Apunte:
Las estadísticas muestran que el costo económico de los entaponamientos en el Gran Santo Domingo y el Distrito nacional, superan los 2.5 millones de dólares diarios, afectando tanto a los usuarios del transporte de pasajeros, a los vehículos del estado, vehículos de empresas, así como a los conductores particulares en sentido general y según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el tiempo perdido en el tráfico podría reducirse en un 40% si se renueva adecuadamente el parque vehicular, lo que repercutirá positivamente en la productividad nacional.
