Nacionales. Martes, 27 de Enero, 2026

DIARIO ECO/SANTIAGO, RD.- El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, se vio en la necesidad de aclarar que el proyecto que llevarán a cabo en la cordillera central es solo de exploración, no de explotación minera, limitándose solo a estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos, levantamientos técnicos y análisis científicos preliminares.

La aclaración, durante una conferencia de prensa en Santiago, la hace tras el rechazo de representantes de organizaciones comunitarias, ambientales y religiosas de varios distritos municipales del Cibao, quienes convocaron a una marcha este miércoles 28 de enero.

«Queremos ser muy claros con la población: en la cordillera Septentrional no existe, ni ha existido, ningún plan de intervención o explotación minera. En esta zona no se han producido hallazgos de importancia y los trabajos que se han realizado han sido estrictamente de carácter exploratorio, bajo la supervisión del Estado y en pleno respeto a la ley, al medioambiente y a las comunidades», aclaró.

Explicó que el permiso otorgado en julio de 2024 no consede extración comercial ni conlleva un paso hacia la explotación. «Nuestro compromiso como Ministerio es actuar como garante del interés nacional: desarrollo sí, pero nunca a costa de nuestros recursos naturales ni del bienestar de la gente», agregó.

Declaró que durante octubre del pasado año, la empresa concesionaria ejecutó pruebas geofísicas aerotransportadas y trabajos directos en campo cuyos resultados, de acuerdo con los informes técnicos remitidos a la autoridad minera, no identificaron yacimientos con potencial económico, por lo que el proyecto no ha avanzado hacia ninguna fase de desarrollo.

Como había indicado el pasado lunes, el titular de Energía y Minas explicó que, la exploración minera es una práctica técnica, regulada y normal en los sistemas de gestión de los recursos naturales, orientada únicamente a conocer la presencia, características y potencial de los minerales en un territorio determinado.

El funcionario Santos precisó que las actividades se desarrollan en estricto apego a la Ley Minera, núm. 146-71 y a la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, núm. 64-00, así como a los protocolos de fiscalización y monitoreo ambiental que rigen la actuación del Estado.