Nacionales. Miercoles, 09 de Febrero, 2022

SANTO DOMINGO, RD.- Un diputado por la provincia Santiago, Gregorio Domínguez Domínguez, es acusado de violación a la propiedad privada por parte del Ministerio Publico, órgano que presentó formar denuncia en su contra, ante la Suprema Corte de Justicia.

Contra el imputado, solicitaron dictar apertura de juicio y que le sea impuesta como medida de coerción la presentación periódica ante la ley, así mismo,  el MP solicitó a la magistrada Vanessa Acosta, jueza de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, que fije la audiencia preliminar a los fines de conocer la solicitud de auto de apertura a juicio.

Domínguez es acusado de violar los artículos 24 y 25 de la Ley 396-19, que regula el otorgamiento de la Fuerza Pública y el artículo 1 de la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad en perjuicio de Lucila Nelly Capellán Luna, según señala la acusación presentada por el procurador adjunto Rafael Suárez Pérez y el procurador de corte Melquiades Suero.

En el expediente acusatorio, sobre el hecho que le imputan, señalan que, el 27 de mayo de 2020, alrededor de las 10:00 de la mañana, los señores Basilio Catalino Martínez (Jaime),  empleado del imputado, y Emmanuel de Jesús Williams Molina, chofer de la retroexcavadora, por ordenes de Gregorio Domínguez Domínguez, se presentaron a la comunidad Punta Rucia, de Estero Hondo, Puerto Plata, donde la víctima Capellán Luna construía su vivienda.

Una vez en el lugar, los citados hombres procedieron, sin las debidas formalidades de la ley y por orden y con la participación del imputado, al desalojo, destrucción y posterior demolición de la vivienda levantada por la víctima, la cual estaba en etapa de construcción a nivel de techo, indican.

En calidad de autor, el Ministerio Público le atribuye al legislador la comisión de los tipos penales ejecución de medidas ejecutorias y conservatorias inobservando el procedimiento de ley, tomar participación o requerir la ejecución de un embargo o medida conservatoria sin título ejecutorio e introducirse a una propiedad inmobiliaria sin permiso del dueño, arrendatario o usuario.

Según el comunicado, la acusación la acompañan diversas pruebas testimoniales, documentales, ilustrativas o demostrativas que sustentan la denuncia hecha por el órgano regulador de la ley.