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MP no está conforme con medidas de coerción impuestas a implicadas en caso de Stephora; dice someterá recurso de apelación

Nacionales. Jueves, 11 de Diciembre, 2025

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- Fue rechazada en el día de ayer por el Ministerio Público las medidas de coerción impuestas por la jueza Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en Santiago, a imputados, miembros del Instituto Leonardo Da Vinci, por homicidio involuntario de la niña Stephora Anne- Mircie Joseph, de 11 años de edad, quien murió durante una excursión escolar en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, por negligencia, según autoridades.

El órgano acusador informó que depositará un recurso de apelación en negativa a las mismas. El MP había pedido la imposición de una garantía económica por un monto de 50 millones de pesos a cada una, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país sin previa autorización judicial, presentación periódica por ante el Ministerio Público y colocación de localizadores electrónicos, no obstante, el tribunal respondió imponiendo una garantía económica de 500 mil pesos mediante una compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento a salir del país contra Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo Leonardo Da Vinci; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

En tanto que, la togada de la Cruz ordenó la libertad sin imponer medidas de coerción a favor de Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo.

“No estamos conformes con la decisión; nos enfocamos ahora en recibir la notificación con la decisión para presentar el recurso correspondiente”, dijo tras su salida de la sala de audiencias la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, responsable de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).

Junto a Llaverías subió también en representación del Ministerio Público, la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, y la fiscal Yarily Toribio.

El caso ha recibido la calificación jurídica de homicidio involuntario, que constituye una violación al artículo 319 del Código Penal dominicano. De igual forma, le fue otorgada la calificación de abandono y maltrato a niños, niñas y adolescentes, por conducta típica al contenido del artículo 351-2 del Código Penal dominicano. La conducta de las imputadas también es típica al contenido del artículo 14 de la Ley 136-03, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.