Nacionales. Jueves, 03 de Abril, 2025

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- La abogada Laura Acosta, representante legal de Gonzalo Castillo en el caso de supuesta corrupción administrativa denominado Operación Calamar, reveló este jueves que este caso no ha sido concluido en los tribunales por desacuerdos entre el Ministerio Público y los querellantes.

«Lo que ha habido hasta ahora es un pleito casado entre las alegadas víctimas y querellantes y el Ministerio Público, o sea, el proceso no se ha conocido y se ha retrasado hasta ahora, es porque los querellantes entienden que el Ministerio Público no los está defendiendo y han puesto acusaciones particulares y hay como seis acusaciones particulares porque los querellantes entienden que el Ministerio Público hizo acuerdos los dejó fuera, y a ellos no les tocó nada, siendo ellos las víctimas… y por eso se han aplazado las siete audiencias anteriores», dijo la togada, durante una entrevista en el programa El Despertador.

La semana pasada, Acosta solicitó la inadmisibilidad de la acusación presentada por el Ministerio Público en el caso, alegando que el expediente fue depositado fuera del plazo establecido, lo que llevó a la defensa a incidental el proceso.

La jurista argumentó que la acusación se presentó el 6 de mayo de 2024, cuando el plazo legal vencía el 30 del mes de abril. En consecuencia, solicitó que se anule la acusación formal contra las 46 personas imputadas en este caso, entre ellas los exministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero.

Dijo que el MP quiso aparentar que la acusación fue depositada el 25 abril, sin embargo, asegura que es imposible porque las pruebas que la sustentan, fueron recibidas por el órgano acusador ese mismo día, poca horas antes de depositar la querella, algo que considera imposible por el volumen del material.

«El lunes pasado se inició finalmente la audiencia preliminar y nosotros presentamos un incidente previo a la lectura de la acusación, mediante el cual pedíamos la inadmisibilidad de la acusación porque la acusación para nosotros no existe, porque el Ministerio Público dice que la depositó el 25 de abril a las 4:25 de la tarde y las pruebas anexas demuestran que esa acusación no pudo haberse depositado el 25 de abril a las 4:25 de la tarde», precisó Acosta.

Agrega, «pedimos que la secretaria que selló viniera y que vinieran una serie de personas que han emitido certificaciones a certificar la hora y la fecha en la que la emitieron».

Explicó que «hay una certificación de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, mediante la cual se enviaron entre 44 y 52 documentos, cientos de páginas al Ministerio Público, que está incorporadas a esa acusación, en más de 40 páginas , donde se deducen consecuencias jurídicas que, fue entrega al Ministerio Público, el mismo 25 de abril a la 1:49 de la tarde, lo que nos quiere hacer creer tanto el Ministerio Público como quien recibió esa acusación, allegadamente, es que en dos 32 minutos el Ministerio Público recibe de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo digital más de 44 documentos, cientos de páginas, las leen deducen consecuencias, escriben de todo eso en más de 40 paginas… hacen un inventario organizado, lo ponen en la acusación, la imprimen en todos los ejemplares para nosotros, los meten en cajas… entonces, lo llevaron al tribunal y a la 4:24 ya estaba depositado, eso materialmente, su propia prueba, indica que es imposible».