Nacionales. Jueves, 25 de Septiembre, 2025

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- Ante la persistencia de quejas de afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) por problemas en autorizaciones de procedimientos, así como deficiencias al momento de utilizar su cobertura, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, dijo que urge la existencia de un régimen de consecuencias para penalizar la negligencia administrativa en el sector salud en la República Dominicana.

Indicó que la legislación actual, aunque contempla la responsabilidad de los funcionarios públicos, no es lo suficientemente robusta ni específica para imponer sanciones efectivas por descuido en este ámbito, se requieren leyes y reglamentos que establezcan claramente las faltas, los procedimientos y las sanciones aplicables para garantizar la calidad de los servicios de salud.

«La República Dominicana necesita un régimen de consecuencia claro y firme. Primero, sanción a la negligencia administrativa, porque la impunidad no puede convivir con la Constitución. Así lo ordenan los artículos 138 y 148 de la Constitución, que responsabilizan al funcionario por sus actos y omisiones. Segundo, reparación inmediata al ciudadano, para que cuando el Estado incumpla, el servicio se cubra de manera automática sin que la familia cargue con el costo. Y tercero, transparencia en tiempo real, con plataformas abiertas que permitan ver quién cumplió y quién falló, como expresión concreta del debido proceso en la administración pública», instó.

Ulloa expresó que la salud y la seguridad social no son privilegios, sino derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna del país, en sus artículos 60 y 61, resaltando que más de 7 millones de dominicanos dependen de SeNaSa, una cifra que coloca a RD en la «cúspide regional de la cobertura universal», sin embargo, las estadísticas no miden la efectividad del sistema, «el verdadero examen está en la rapidez de la respuesta, en la humanidad del trato y en la certeza de que, al tocar la puerta, el ciudadano recibe sin demora lo que la ley ya le ha reconocido».

El Defensor del Pueblo dijo que el Estado es el que falla, por ejemplo, «cuando una madre espera meses por una quimioterapia o un trabajador recorre oficinas en busca de una autorización», ya que el proceso se torna tan complejo y burocrático que se vuelve casi imposible de lograr, representando así un riesgo a la vida y al bienestar de las personas.

«No falla un papel: falla el Estado. Y esa falla no es burocrática, es ética y constitucional», declaró, destacando que el artículo 69, que garantiza el debido proceso, también alcanza estos casos, todo ciudadano tiene derecho a que sus solicitudes sean atendidas con plazos razonables y respuestas efectivas. Añadió que «convertir un derecho en un laberinto interminable es negar la justicia. Y negar justicia en salud es negar vida».

Finalmente, señaló «un Estado digno no se mide por lo que promete, sino por lo que cumple. La salud no puede esperar, la Constitución no puede ser ignorada y la dignidad del pueblo no puede ser negociada. La confianza ciudadana se construye con hechos, no con discursos; con eficiencia, no con excusas; con sanción y reparación, no con impunidad. Esa es la diferencia entre un sistema que sobrevive en informes y un sistema que honra la vida de su gente. Porque la dignidad, en democracia, es la primera política y la última palabra». Convertir el derecho de la salud en un «laberinto interminable» es atentar contra la vida de ciudadanos, dice Pablo Ulloa

Las declaraciones la ofreció Ulloa en su cuenta de X.