Nacionales. Martes, 08 de Julio, 2025

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD. – La organización cívica Participación Ciudadana reveló este martes que ha solicitado a la Cámara de Cuentas una auditoría al gasto en publicidad estatal, tras documentar un incremento abrupto en los fondos públicos destinados a campañas gubernamentales durante los últimos tres años, sin que exista suficiente claridad sobre los criterios de contratación ni sobre los fines reales de estos desembolsos.

«Nosotros hemos solicitado a la Cámara de Cuentas que se audite estos periodos, que se identifique cuáles han sido los procesos de compras y contrataciones para estas publicidades, porque muchos de estos contratos se hacen con niveles de opacidad, a través de contratos de excepciones, y entonces obviamente ahí nos genera preocupación», afirmó la coordinadora general de la entidad, Leidy Blanco, durante su participación en el programa El Despertador.

Blanco explicó que el equipo de Participación Ciudadana realizó un levantamiento comparativo del gasto estatal en publicidad en los primeros cuatro meses de los años 2023, 2024 y 2025, con resultados alarmantes.

«En el 2023 se gastó 491 millones de pesos. En el 2024 sube a 3,121 millones de pesos. Y para el 2025, ahora, en los primeros cuatro meses, para ser exactos y no caer en desafíos importantes después… ahora son 2,445 millones de pesos en los primeros cuatro meses».

Enfatizó que estos datos corresponden únicamente a los primeros cuatro meses de cada año:

«Estamos hablando de una partida que son los primeros cuatro meses. No estamos hablando de que es el año. Es los primeros cuatro meses».

A pesar de que el presidente de la República emitió en enero de 2024 un decreto que establece los fines y el uso que debe tener la publicidad institucional, Blanco denunció que no hay evidencia de cumplimiento:

El presidente, en el 2024, el primero de enero, estableció un decreto para que se iba a utilizar la publicidad, y la publicidad se iba a utilizar para fines institucionales, para educar a la ciudadanía, para promover temas del Estado… Pero lo que aquí no tenemos es claridad y transparencia en qué se está contratando, para qué se está contratando y quién se está contratando».

Añadió que los contratos publicitarios del Estado carecen de trazabilidad:

Hay unos niveles de opacidad que nos generan bastante preocupación, porque no están los criterios claros y definidos de qué se está contratando, para qué se está contratando y quién se está contratando».

La coordinadora de Participación Ciudadana advirtió que los recursos destinados a publicidad podrían estar siendo utilizados con fines propagandísticos y no institucionales, lo que plantea un uso inadecuado de los fondos públicos:

«Se está tratando también de regular esa publicidad gubernamental porque lo que se utiliza muchas veces es colocar publicidad en aquellos espacios que son afines al gobierno, para a nivel propagandístico promocionar las obras de gobierno», dijo.

Blanco mencionó además a instituciones específicas que concentran grandes partidas publicitarias:

«En el informe que establecimos, hay instituciones como el Ministerio de Turismo, Indotel, que utilizan muchos recursos públicos para publicidad».

Ante estos hallazgos, Participación Ciudadana demanda mayor vigilancia institucional y solicita que la publicidad gubernamental se someta a procesos de contratación más transparentes, respetando la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas.

«Sí debe tener niveles de transparencia que permitan cumplir con el decreto presidencial que establece que hay unas pautas para transparentar eso que se está contratando, y quién y qué se está contratando», indicó.

Finalmente, Blanco reiteró que el problema no es solo el monto invertido, sino la opacidad y la ausencia de rendición de cuentas en un tema que involucra recursos del erario:

«Muchos de estos contratos se hacen con niveles de opacidad, a través de contratos de excepciones, y entonces obviamente ahí nos genera preocupación”, manifestó.