Rechazo unánime a la política del Poder Judicial de protección de datos

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- Al asegurar que la nueva política, aprobada por el Poder Judicial como regla general, aplicable aun por defecto, que permite la eliminación o sustitución de toda información que pueda identificar o hacer identificable a cualquier persona física, lo que ayudará a invisibilizar frente a la sociedad a los infractores de la ley, sobre todo a los corruptos, generando impunidad y mayor corrupción, Participación Ciudadana, rechazó la decisión.

La organización cívica entiende que con esta medida se pretende invertir el principio de que la regla es la transparencia y la privacidad la excepción.

El organismo señala que la Constitución es clara cuando establece como parte de la tutela judicial efectiva y el debido proceso que los juicios serán públicos, lo que no solo es una garantía que protege a los imputados, sino además a la sociedad, transparentado lo que ocurre en los juicios, sobre todos en aquellos de naturaleza penal.

La publicidad de los juicios debe incluir la identificación de jueces, fiscales, abogados, notarios, alguaciles, secretarios de tribunales, auxiliares y todo el personal relacionado, pero también a las partes en el proceso, imputados, querellantes, víctimas, actores civiles, así como a testigos e informantes, con las excepciones propias para proteger a menores de edad y personas vulnerables.

El acceso a los expedientes de los casos judiciales, no solo corresponde a las partes en el proceso, sino a cualquier ciudadano y de manera especial a los medios de comunicación, a fin de garantizar el derecho a la información y a la libre expresión. Contrario a este principio, la nueva política establece restricciones para terceros, término que incluye a la prensa y a la ciudadanía.

Participación Ciudadana sostiene que cualquier conflicto entre el derecho a la información y la expresión y el derecho a la intimidad debe, como regla general, ser decidido a favor de la transparencia, sobre todo cuando se involucre a funcionarios y bienes públicos, con las debidas excepciones, que deben ser muy puntuales.