Nacionales. Martes, 27 de Enero, 2026

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, fijó este martes su postura en torno a la desvinculación  del rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Féliz García,  manifestando que la misma fue realizada de manera «apresurada y adestiempo», debido a que, a su juicio, no se esperó que se concluyera previamente un proceso investigativo y de aclaración de los hechos.

Mediante una carta, el legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) expresó que respeta la facultad constitucional del presidente Luis Abinader para nombrar y dsestituir a funcionarios, sin embargo, entiende que se debe conservar el debido proceso antes de apartar de sus funciones a un servidor público.

«La destitución del señor Rafael Feliz se produjo de manera apresurada y a destiempo, sin que se agotara previamente un proceso claro de investigación y esclarecimiento de los hechos. En un Estado de derecho, las decisiones administrativas de esta naturaleza deben ir acompañadas de prudencia, proporcionalidad y respeto al debido proceso», expuso en la misiva.

Romero ratificó su convicción en el principio de presunción de inocencia, consagrado en la Constitución Dominicana, y no en la «presunción de culpabilidad», por lo que llamó a conocer este y cualquier otro caso en el que exista una acusación bajo dicho principio fundamental.

«Creemos que debe abrirse y agotarse un proceso judicial transparente, donde los hechos sean debidamente investigados y juzgados conforme a la ley. Si como resultado de dicho proceso se determinara culpabilidad, que se aplique todo el peso de la ley y que se pague por los hechos cometidos. Pero si ocurriera lo contrario, corresponde hacernos una reflexión seria y responsable ¿quién devuelve la reputación, la honra y la moral de una persona que ya han sido profundamente afectadas?«, externó.

Resaltó que el extitular del ITLA desarrolló un trabajo con aportes de gran relevancia en favor de la educación técnica y tecnológica, especialmente en beneficio de la juventud, lo cual también debe ser ponderado con objetividad y justicia.

«Confiamos en que las autoridades competentes permitirán que la verdad sea plenamente esclarecida, que el proceso se conduzca con transparencia y que las conclusiones se sustenten en hechos comprobados y decisiones judiciales, no en juicios anticipados», añadió.