Someten al alcalde Dío Astacio por violación al derecho de acceso a la información pública

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- El comunicador Wilmer Castillo Ortiz, representado legalmente por el abogado Máximo Miñoso, presentó este jueves una acción constitucional de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo contra la Alcaldía de Santo Domingo Este, que encabeza Dío Astacio, por u una alegada violación a los derechos fundamentales de acceso a la información pública.

La solicitud de amparo, calificada como urgente, busca que se reconozca la omisión de respuesta de la Alcaldía ante una solicitud formal realizada el 6 de diciembre de 2024. Entre los documentos requeridos por Castillo se encuentran:
• Presupuestos y gastos de la Dirección de la Juventud de mayo 2020 a diciembre 2024.
• Actas de los consejos municipales de los últimos seis meses.
• Ejecución presupuestaria de los Bomberos Municipales y de la Dirección de Deportes de los últimos 52 meses.

A pesar de los plazos estipulados en la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, la alcaldía no respondió dentro de los 15 días hábiles establecidos ni solicitó una prórroga, lo que según Castillo y su abogado constituye una flagrante violación al derecho fundamental de acceso a la información, consagrado en el artículo 72 de la Constitución.

“La transparencia es un deber de las instituciones públicas. Este acto de omisión no solo vulnera nuestros derechos como ciudadanos, sino que también desacredita los principios de una gestión pública democrática”, declaró Wilmer Castillo al momento de interponer la acción.

El abogado Máximo Miñoso destacó que la acción de amparo es la vía idónea para reclamar la restitución de este derecho, y solicitó al tribunal un conocimiento urgente de la misma.

Con esta acción legal, Wilmer Castillo busca sentar un precedente sobre el cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y garantizar que las instituciones públicas rindan cuentas de manera oportuna y transparente. El caso se encuentra ahora en manos del Tribunal Superior Administrativo, que determinará las acciones correspondientes.