Nacionales. Jueves, 16 de Mayo de 2024
DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- El Ministerio Público (MP) es fuertemente criticado por personalidades del territorio nacional, entre ellos profesionales de la comunicación y políticos, debido al reciente expediente del entrado de corrupción en caso Calamar.
El periodista y coordinador de El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, catalogó el reciente documento en contra de varios funcionarios de la gerencia del ex presidente Danilo Medina como un «cierre de campana político», lo que pone en duda la independencia que tanto pregonan.
Martínez Pozo consideró que el propósito de esto es enterrar por completo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a ley de días para las elecciones presidenciales y congresuales.
«Hemos tenido un MP independiente que se caracterizó por un rol político, el de instrumentalizar la justicia para procurar la destrucción de un partido político…Si alguien tenía duda de que eso había sido así en el cierre de campaña, el MP dijo no no espérese, yo no me quedo en blanco, yo tengo también mi cierre de campaña», sostuvo.
Asimismo señaló que la acusación carece de «cosa comprobatoria».
Por su lado, el candidato a diputado del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo (FP), Pedro Jiménez, calificó como un «abuso a la democracia» del país, al tiempo que resaltó que no había necesidad de buscar «esos aplausos».
Sobre el reciente expediente de corrupción
Los imputados en el caso Calamar, Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Fco. De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, Princesa García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, junto a Víctor Matías Encarnación Montero fueron acusados de formar un «holding criminal», así definió el Ministerio Público la supuesta estructura montada para desfalcar al Estado por RD$41,185,964,839.76 durante gestión del expresidente Danilo Medina a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, reconocimiento de deudas administrativas y en sobornos para la campaña política del 2020.
El MP establece en su acusación de 3,662 páginas que se cometió una «mega operación» de lavado de activos y corrupción.
El organismo de persecución indica que el grupo imputado aprovechó los conocimientos que tenía sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales en beneficio de los miembros de la organización criminal. Agrega que se falsearon documentos, se acorraló a suplidores, se falsificaron firmas de funcionarios y empresarios del sector privado.
Por citar algunos ejemplos, el Ministerio Público establece como un hecho que el exministro Donald Guerrero incluyó a la empresa creada por él y representada por su hijo, también imputado, Daniel Guerrero Mena -llamada Intercaribe Mercantil- de manera fraudulenta en el Programa de Créditos de Contratistas y Suplidores del Estado, así como a otras empresas para las que se erogaron RD$20,904,831,250.65.
Al empresario José Miguel González se le cita en el expediente como investigado por asociación con el exministro Guerrero para apropiarse del negocio de importación y venta de asfalto, expulsando del mismo a Mustafá Abu Naba´a.
Estas son parte de las tantas acusaciones que se establecen en el expediente.
