×
ECO PLAY TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PROVINCIAS CONTÁCTENOS

«Un Estado fuerte no es el que ejecuta», Defensor del Pueblo se manifiesta ante ola de muertes por intercambios de disparos

Nacionales. Miercoles, 17 de Septiembre, 2025

Pablo Ulloa denuncia van al menos 170 muertes por la citada causa en lo que va de año


DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, se mostró este miércoles alarmado ante la ola de fallecimientos por intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional.

Denunció que en los últimos tres años los casos han ido elevándose, resaltando que en el año 2023 fueron notificadas 68, en el 2024 120, y en lo que va de este año 2025 ya suman 170 muertes a causa de enfrentamientos entre civiles y uniformados, lo que representa una tasa de 1.5 por cada 100,000 habitantes, casi cuatro veces la de los Estados Unidos (0.36 por 100,000).

Ulloa manifestó que en los últimos ocho años (2015-2022) hubo una disminución, sin embargo, de ahí para acá ha habido un repunte. Manifestó que estas estadísticas deben llamar a la reflexión en la sociedad.

«Tras ocho años de descensos (2015–2022), este repunte no es un dato más: es una alerta ética y democrática que nos obliga a repensar el rumbo de la seguridad ciudadana», expuso.

A través de su red social de X, el Defensor del Ulloa dijo que si se hace una comparación con la región, la tasa de República Dominicana supera la de países como Chile, Costa Rica o Uruguay, que registran niveles inferiores a 0.5 por 100,000, acercándose así a realidades como Brasil o México, señalados reiteradamente por organismos internacionales por el uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales.

Resaltó que «la Constitución de la República Dominicana no admite ambigüedades: la vida es inviolable (art. 37) y la dignidad humana constituye el fundamento del orden jurídico y de la convivencia pacífica (art. 38). Ninguna autoridad, bajo ninguna circunstancia, puede disponer de la vida de un ciudadano fuera de la ley», al tiempo de apuntar que «a este mandato se suman compromisos internacionales vinculantes. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6) proclama que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 4) ordena a los Estados proteger ese derecho por ley y garantizarlo en toda circunstancia».

Pablo Ulloa, en sus declaraciones, declaró que cada uno de estos instrumentos instruyen al Estado la obligación doble, que es «abstenerse de ejecutar arbitrariamente y, al mismo tiempo, prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación».

Agregó que «la seguridad ciudadana será legítima únicamente si respeta la Constitución y los derechos humanos. Y la República Dominicana tiene el deber histórico de convertirse en un ejemplo regional de seguridad con derechos, porque un Estado fuerte no es el que ejecuta: es el que protege, ampara y dignifica la vida de todos».