Opinión. Miercoles, 10 de Diciembre, 2025

En un escenario regional donde la desconfianza ciudadana hacia la clase política suele marcar la pauta, la República Dominicana vive un momento excepcional. El presidente Luis Abinader ha asumido —desde el primer día de su gestión— un compromiso público y sostenido con la transparencia y el combate frontal a la corrupción, no como un recurso discursivo de ocasión, sino como un eje estructural de su forma de gobernar.

La reciente intervención en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que derivó en el arresto de su exdirector ejecutivo, así como de varios funcionarios y empresarios presuntamente beneficiados de esquemas irregulares de contratación, constituye quizás la expresión más contundente de ese compromiso. En un país, donde históricamente figuras cercanas al poder han gozado de algún tipo de blindaje político, este caso marca una ruptura institucional sin precedentes.

Que un funcionario de alto nivel, con vínculos cercanos al Gobierno, sea sometido a la acción de la justicia sin interferencias ni maniobras dilatorias, confirma algo esencial: bajo esta administración no existe espacio para la impunidad ni privilegios que se erijan por encima del interés público. Este es un mensaje claro y poderoso para una sociedad que durante años reclamó coherencia entre el discurso y la acción.

En su declaración más reciente, el presidente Abinader reiteró esta visión con palabras firmes y sin ambigüedades:
“Tengo la firme determinación de que este y cualquier otro acto de corrupción sea llevado a la justicia, y que se imponga todo el peso de la ley a quienes hayan defraudado al Estado”.

Lejos de simplemente expresar indignación, el mandatario también instruyó que SeNaSa se constituya en actor civil para recuperar cada peso sustraído, evidenciando que el combate a la corrupción no se limita a señalar culpables, sino a restituir lo que pertenece al pueblo dominicano.

Su postura es coherente con la que ha mantenido desde el inicio de su mandato: permitir que el Ministerio Público actúe con plena independencia, sin ataduras ni presiones políticas. El caso SeNaSa ha demostrado precisamente eso. La investigación, el proceso y las medidas adoptadas por las autoridades evidencian que en la República Dominicana se está consolidando un modelo institucional donde la ley prevalece por encima de cualquier relación personal, filiación partidaria o posición gubernamental.

En este contexto, corresponde ahora al Ministerio Público avanzar hasta las últimas consecuencias, garantizando rigor, objetividad y sanción efectiva para todos aquellos responsables de actos que lesionan gravemente el patrimonio estatal. Esta es una oportunidad histórica para reafirmar que la institucionalidad dominicana ya no retrocede ante estructuras de poder, ni se doblega ante intereses particulares.

El mensaje que envía el presidente Abinader es inequívoco: en su administración no existe tolerancia —ni siquiera un centímetro— para el desbordamiento ético. Y esta firmeza, ejercida sin estridencias pero con determinación, constituye uno de los legados más significativos de su gestión.

La transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la independencia del Ministerio Público no son solo consignas de campaña; son pilares sobre los cuales hoy se redefine el futuro democrático de la nación. En tiempos donde la corrupción ha sido durante décadas una sombra persistente en la vida pública dominicana, que desde el Palacio Nacional se envíe un mensaje tan claro marca una diferencia sustantiva.

Luis Abinader está demostrando que gobernar con integridad no solo es posible, sino imprescindible. Y la ciudadanía, testigo de este momento, sabe que la República Dominicana avanza hacia un modelo institucional más sólido, más justo y más respetuoso del Estado de derecho. Ese es, sin duda, un logro que merece ser reconocido.