Opinión. Jueves, 27 de Junio de 2024
El Cabo Luis Mario Quezada Pérez, miembro destacado de las Fuerzas Armadas de República Dominicana, ha expuesto una preocupante situación de presunto abuso de poder por parte del Capitán de Fragata Martínez Tejada Ceballos. Según Quezada Pérez, este oficial estaría imponiendo sanciones arbitrarias de 30 días de acuartelamiento a subalternos sin justificación alguna.
La denuncia toma mayor gravedad al relatar que el simple acto de solicitar una reunión con superiores para discutir la situación resultó en una dura represalia: Quezada Pérez fue castigado con 30 días de prisión dentro de la institución. En sus propias palabras, «me está metiendo 30 días de prisión en la institución solo por una reunión que yo solicité para hablar algunos temas de la situación que está pasando en el puesto de servicio».
Es claro que estas acciones no solo afectan la moral y el bienestar de los soldados bajo su mando, sino que también sugieren una gestión autoritaria y desproporcionada del Capitán Tejada Ceballos. A pesar de los intentos de Quezada Pérez de elevar la situación ante otros superiores, hasta ahora no ha logrado modificar estas condiciones ni asegurar la tan necesaria reunión para abordar las preocupaciones legítimas sobre el servicio y las condiciones de trabajo.
Es imperativo que las autoridades competentes investiguen a fondo estas acusaciones. Si se confirma que el Capitán Martínez Tejada Ceballos está abusando de su autoridad en detrimento del personal a su cargo, medidas correctivas deben ser implementadas de inmediato. La integridad y el respeto dentro de las Fuerzas Armadas son fundamentales para mantener la cohesión y la efectividad operativa.
Quezada Pérez concluye su denuncia con un llamado claro y contundente: si este superior continúa cometiendo abusos contra el personal, debería ser retirado del puesto que ocupa, a pesar de su corta permanencia en el mismo. Esta petición refleja la urgencia de proteger los derechos y la dignidad de todos los miembros de las Fuerzas Armadas de República Dominicana.
En resumen, el caso de Quezada Pérez es un recordatorio crucial de la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos en todas las esferas de nuestra sociedad, especialmente en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el bienestar de todos los dominicanos.
