Opinión. Lunes, 25 de Agosto, 2025

El 25 de agosto de 2025 se abre formalmente el telón del nuevo año escolar en República Dominicana. Sin embargo, lo que debería ser una celebración de esperanza y futuro para cientos de miles de familias, amenaza con convertirse en un retrato de improvisación, promesas incumplidas y desigualdades que siguen lacerando al pueblo dominicano.

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) asegura que la entrega de la utilería escolar avanza. Pero los números no mienten: a tan solo horas del inicio de clases, casi la mitad de los estudiantes vulnerables aún no reciben los kits escolares que el Estado prometió. ¿Cómo puede un gobierno hablar de inclusión educativa cuando deja a los más pobres a merced de la espera, en un sistema donde cada día de atraso se traduce en desigualdad?

El problema no es solo la falta de materiales. En el Gran Santo Domingo, miles de padres se han visto forzados a hacer filas interminables para inscribir a sus hijos, chocando con la dura realidad de que no hay cupos suficientes. El senador Omar Fernández lo expresó con crudeza en el Congreso: “¿Cómo es posible cumplir con lo que establece la Constitución, si no hay cupos en las escuelas para los niños dominicanos?”. Una pregunta que debería sacudir a cualquier gobierno responsable. Y sin embargo, la respuesta oficial parece ser la misma de siempre: discursos técnicos, mesas de trabajo y promesas de construcción de aulas que nunca llegan en el tiempo adecuado.

En el debate público ha emergido el tema migratorio. Sí, hay comunidades donde la matrícula haitiana supera con creces a la dominicana, como ocurre en algunas escuelas de barrios marginados. Pero sería un error y una injusticia reducir la crisis educativa a la presencia de estudiantes extranjeros. La verdad incómoda es que este problema es estructural: faltan más de 10,000 aulas en todo el país, y el déficit se arrastra desde hace más de una década. Mientras tanto, se han inaugurado plazas, carreteras y obras de impacto electoral, pero la educación sigue recibiendo soluciones parchadas. La migración puede tensionar el sistema, sí, pero el fracaso en garantizar cupos y calidad educativa recae sobre la incapacidad del Estado de planificar. Culpar únicamente a la población haitiana es evadir responsabilidades y dejar al pueblo dominicano sin las respuestas que merece.

No se trata solo de uniformes, mochilas o pupitres. Se trata del derecho más básico: la educación como pilar de dignidad y justicia social. Cada niño que inicia un año escolar sin útiles, sin aula o en un salón sobrepoblado es una derrota del Estado frente a su propia gente. El gobierno insiste en que “ningún estudiante se quedará fuera”, pero el pueblo está cansado de la retórica sin sustancia. Inscribir a todos a la fuerza, en aulas improvisadas y sin recursos, no es garantía de calidad educativa. Es simplemente administrar el caos.

En tiempos donde los discursos se llenan de cifras y excusas, es momento de volver a lo esencial: la educación no admite postergaciones ni parches políticos. Cada atraso en la entrega de kits escolares, cada niño sin cupo y cada familia que mendiga un derecho ya consagrado en la Constitución son pruebas de un Estado que no ha sabido priorizar lo que de verdad importa. El pueblo dominicano merece más que promesas aceleradas a última hora. Merece un gobierno que entienda que el futuro de la nación se juega en cada pupitre ocupado, en cada libro abierto y en cada niño que no quede fuera de la escuela.

La pregunta sigue en el aire: ¿estamos realmente preparados para el inicio del año escolar, o estamos simplemente disfrazando la precariedad con discursos oficiales?