Opinión. Miercoles, 18 de Junio, 2025

Mientras el Congreso aprueba cientos de leyes en tiempo récord, el Código Penal sigue empolvado. ¿Es incapacidad, negligencia o conveniencia política?

Han pasado 26 años. Más de un cuarto de siglo en el que República Dominicana ha reformado su Constitución cuatro veces, ha aprobado más de 150 leyes trascendentales, ha modernizado su sistema financiero, digital, migratorio, judicial y de seguridad…
Y sin embargo, sigue sin poder —o sin querer— aprobar un nuevo Código Penal.

El dato no solo es escandaloso. Es una bofetada directa a la inteligencia ciudadana.
Una afrenta al Estado de derecho. Una evidencia brutal de la disfuncionalidad política que se disfraza de democracia funcional.

Como lo ha dicho con claridad el doctor Ricardo Nieves:

“¿Cómo es posible que se aprueben leyes en días… pero el Código Penal siga en el limbo desde hace más de dos décadas?”

Esa pregunta no es retórica. Es un grito ético.
Un juicio contra una clase política que ha demostrado ser ágil para legislar a su favor, pero estéril cuando se trata de modernizar las normas que rigen el delito, la justicia y la protección de las víctimas.

¿Qué se esconde tras este retraso?
¿Es solo incapacidad legislativa o una estrategia deliberada para mantener la impunidad funcional?
¿Quién gana realmente con un Código Penal obsoleto?
¿Y por qué nadie, en 26 años, ha asumido el costo político de hacer lo correcto?

Una ley atrapada en la historia

El Código Penal vigente data de 1884. Aunque ha recibido reformas parciales, su arquitectura legal no responde al siglo XXI. No tipifica claramente feminicidios, delitos de odio, crímenes digitales, corrupción pública moderna ni delitos ambientales.

Desde 1997, se han introducido más de 10 versiones de reforma integral. Todas han muerto en el Congreso.

¿Por qué no se aprueba? Las respuestas incomodan

1. Porque polariza. Las tres causales del aborto han convertido el proyecto en un campo de guerra moral.
2. Porque nadie quiere asumir el costo político. Ni diputados ni senadores se arriesgan a contrariar a iglesias, grupos conservadores o feministas.
3. Porque no conviene a todos. Un código moderno pondría límites reales a la corrupción, al abuso de poder y al delito político disfrazado.
4. Porque no hay presión social suficiente. Mientras los ciudadanos se indignaron en redes, el Congreso sobrevive a punta de indiferencia y falta de consecuencias reales.

Un Congreso que sí legisla… pero selectivamente

Desde el año 1999, en República Dominicana se han aprobado leyes fundamentales:

• Reformas constitucionales en 2002, 2010, 2015 y 2024,
• Leyes de ciberseguridad, protección de datos, extinción de dominio,
• Transformaciones en telecomunicaciones, justicia, seguridad social, transparencia,
• Y decenas más en sectores como energía, infancia, medio ambiente y comercio.

La maquinaria legislativa funciona… pero selectivamente. Cuando se trata de modernizar el sistema electoral, de aprobar presupuesto o de crear un nuevo distrito judicial, los consensos aparecen como por arte de magia. Pero al momento de actualizar el Código Penal —una pieza clave para combatir la impunidad, tipificar nuevos delitos y garantizar derechos—, el Congreso parece detenerse en el tiempo.

Aquí puedes ver una tabla que incluye las leyes y reformas en República Dominicana (1999–2025). Están ordenadas por impacto e importancia:

En paralelo al estancamiento del Código Penal, el Congreso Nacional ha aprobado leyes profundas en casi todos los sectores:

• Constitución (2002, 2010, 2015, 2024)
• Ley de Extinción de Dominio (2023)
• Ley de Ciberseguridad (2024)
• Ley de Protección de Datos (2021)
• Ley de Movilidad y Tránsito (2017)
• Ley General de Migración (2004)
• Ley de Seguridad Social (2001)
• Ley de Transparencia (2004)
• Ley de Inclusión para TEA (2023)

Pero el Código Penal… sigue esperando.

La trampa del statu quo

Lo que está ocurriendo no es una simple “dificultad técnica”. Es una parálisis inducida. Se legisla para modernizar sectores económicos, fiscales y tecnológicos, pero se evita reformar la ley madre del sistema penal porque toca intereses incómodos.

Y ese retraso no es gratuito. Tiene consecuencias directas:

• Miles de casos de violencia de género quedan impunes o mal tipificados.
• No se puede castigar el acoso en redes ni los delitos de suplantación digital.
• No hay respuesta penal adecuada para la corrupción estructural del Estado.
• Se violan compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Ricardo Nieves lo dijo claro: “No quieren, no les conviene”

Más allá de la retórica, la realidad es esta: la clase política dominicana no ha tenido la voluntad de reformar el Código Penal, no por falta de capacidad, sino por cálculo político.

Y esa omisión tiene nombre: cobardía legislativa.

La Reflexión para dominicanos(as)

¿Qué dice esto de nosotros como país?

26 años sin Código Penal nos hablan de un Congreso que solo actúa cuando hay ganancia política.
Nos habla de una democracia selectiva, donde los intereses de poder valen más que los derechos de las víctimas.
Nos habla de un sistema que prefiere castigar al ciudadano común antes que reformarse a sí mismo.

La pregunta no es por qué no lo han aprobado.
La pregunta es: ¿Cuánto más vamos a permitirlo?

¿Para qué sirve el poder si no es para transformar?

En un país donde se legisla con rapidez para nombrar calles, cambiar distritos o conceder exenciones fiscales, ¿cómo se justifica que durante más de un cuarto de siglo no se haya aprobado un Código Penal moderno?

La respuesta duele: porque no les interesa realmente combatir el crimen, proteger derechos ni modernizar la justicia.
 Porque no hay presión suficiente desde la ciudadanía.
 Porque, tal vez, vivir con un sistema arcaico beneficia a quienes no quieren reglas claras.

¿Y ahora qué?

¿Seguirá la República Dominicana legislando para lo superficial mientras evita lo esencial? ¿Serán los próximos 26 años más de lo mismo? ¿Cuántos delitos quedarán impunes por no actualizar una ley base?

Una sociedad madura exige leyes justas.
Un Congreso responsable las aprueba.
Una clase política digna no le teme al cambio, lo lidera.

Durante todo este tiempo han gobernado legisladores de todos los partidos, presidentes de todos los colores, alianzas de todo tipo. Y sin importar quién ostente el poder, el Código Penal sigue varado. Eso significa algo: todos los actores políticos que han pasado por el Congreso desde 1997 son, sin excepción, responsables de esta omisión.

No hay justificación posible. No hay excusa institucional válida. Lo que hay es una marca indeleble que quedará escrita en los libros de historia: esta es la generación política que fue capaz de legislar para sí misma, pero no para garantizar un sistema penal justo, moderno y eficiente para su pueblo.

Y ante esa verdad, quedan interrogantes que interpelan a toda la nación:

• ¿Qué pasará si dentro de diez años seguimos igual?
• ¿Cuántas víctimas más quedarán sin justicia?
• ¿Cuánto más soportará la sociedad dominicana una clase política que evita transformar lo esencial?

El silencio del Congreso frente al Código Penal no es neutral: es una forma activa de violencia institucional.
Una violencia que se manifiesta en cada agresor que queda libre, en cada corrupto que no es procesado, en cada mujer que no encuentra amparo en la ley, en cada adolescente que sufre y no es defendido por el sistema.

Los rostros de esa omisión tienen nombre, partido, curul y años de mandato. Y la historia no perdona el desinterés disfrazado de “debate pendiente”.
Porque quien no legisla cuando debe, renuncia a su deber más sagrado: servir al pueblo que lo eligió.

Es hora de decirlo sin eufemismos: ustedes, legisladores y senadores que han estado en el Congreso durante estos 26 años, ya son parte del problema.
Y si no lo corrigen ahora, quedarán registrados no como actores del cambio, sino como cómplices del estancamiento.

El país no puede esperar otros 26 años.
Y la historia, créanlo, no olvida.