Opinión. Lunes, 08 de Septiembre, 2025

En la República Dominicana, la corrupción dejó de ser noticia para convertirse en rutina. No hablamos ya de episodios aislados ni de simples rumores en redes sociales: hablamos de un sistema que normaliza el saqueo del erario público. El pueblo sufre la inflación, la inseguridad y los salarios miserables, mientras desde el gobierno se firman préstamos tras préstamos, se anuncian proyectos que jamás benefician a la mayoría y se malgastan recursos millonarios en operaciones grotescas que solo enriquecen a una élite política.

El panorama es indignante. Millones de pesos del presupuesto nacional se desvían hacia contratos injustificables, como el alquiler y mantenimiento de locales con cifras astronómicas que superan con creces el costo real. Se destinan cientos de millones en acondicionamientos absurdos y mantenimientos inflados, utilizando procesos de excepción que evaden las licitaciones públicas y transparentes. La excusa siempre es el desarrollo, pero el resultado es el mismo: dinero del pueblo convertido en botín de unos pocos.

Desde el poder se pregona la recuperación de fondos y la investigación de sumas multimillonarias, pero el dinero que se roba siempre es mayor que el que regresa. Los que deberían pagar con cárcel disfrutan de condenas mínimas, privilegios judiciales o simplemente el paso del tiempo, que convierte la justicia en un juego de desgaste hasta que todo se olvida. Sobre el papel, las leyes han endurecido las penas contra la corrupción, con sanciones que pueden llegar hasta veinte años de prisión. En la práctica, la justicia se mueve con lentitud, selectiva y complaciente, permitiendo que los casos se alarguen hasta perder fuerza o se utilicen como moneda política.

Mientras tanto, la realidad cotidiana del pueblo es otra. Los hospitales carecen de recursos, las escuelas públicas se caen a pedazos, el transporte es un caos y la seguridad se reduce a promesas vacías. La paradoja es evidente: mientras se predica austeridad, desde las oficinas del poder se firman contratos que equivalen a construir decenas de centros de salud y escuelas que jamás se materializan.

Lo que debería ser un escándalo nacional con renuncias inmediatas, auditorías públicas y cárcel para los responsables, queda reducido a titulares de unos días y a la indignación pasajera en redes sociales. La corrupción, lejos de combatirse, se ha institucionalizado. El mensaje es claro: robar desde el poder sigue siendo rentable, y mientras la impunidad se mantenga, cada administración repetirá la misma historia cambiando únicamente los actores.

La República Dominicana no necesita más discursos maquillados de transparencia ni promesas de lucha contra la corrupción. Necesita justicia real, sanciones ejemplares y la devolución íntegra del dinero robado. De lo contrario, seguiremos atrapados en el mismo circo de siempre, con un Estado que se maneja como finca privada, un pueblo endeudado hasta el cuello y una dignidad colectiva pisoteada en nombre de la avaricia política.