Opinión. Miercoles, 20 de Agosto, 2025

En República Dominicana, la fuerza que está llamada a protegernos con frecuencia termina representando un riesgo para los mismos ciudadanos. Cada vez que una intervención policial cobra la vida de un civil, queda un eco que sacude a la sociedad y desnuda un sistema que ha olvidado su misión más elemental: proteger, servir y garantizar derechos. Ya no se trata de hechos aislados, sino de un patrón sostenido por protocolos deficientes, supervisión institucional débil y canales de denuncia que no inspiran confianza.

Mientras la población vive con el temor real de que cualquier interacción cotidiana pueda convertirse en tragedia, las instituciones se resguardan bajo el paraguas de estadísticas vacías y tecnicismos que solo profundizan la distancia con la ciudadanía. La impunidad dejó de ser un simple problema jurídico: hoy retumba en cada hogar dominicano como un fenómeno social que erosiona la confianza, lacera la esperanza y mina la cohesión comunitaria.

Normalizar la violencia institucional es un peligro mayor que cualquier amenaza externa. La ciudadanía merece una seguridad auténtica, cimentada en el respeto a la vida y a la dignidad humana, no una seguridad que deje tras de sí un eco de miedo, frustración y desconfianza. Cada abuso sin consecuencia real hiere el contrato social y nos recuerda que la autoridad, cuando no rinde cuentas, puede convertirse en enemiga de la convivencia democrática.

Invertir este curso exige acciones firmes y sostenidas. Se impone la implementación de investigaciones transparentes y públicas ante todo uso letal de la fuerza, para garantizar que cada acción policial sea supervisada y los responsables, cuando los haya, respondan ante la ley. La formación continua en derechos humanos y uso proporcional de la fuerza debe ser obligatoria, asegurando que el uniforme nunca sea excusa para el abuso.

Paralelamente, deben existir mecanismos de denuncia seguros y creíbles, que amparen al ciudadano ante cualquier irregularidad, sin temor a represalias, fortaleciendo así la participación social en la vigilancia del sistema. Dicho engranaje sería incompleto sin auditorías externas periódicas, respaldadas por sanciones claras y ejemplares que envíen un mensaje inequívoco: en el Estado dominicano, la impunidad no tiene espacio ni justificación.

Asimismo, urge establecer protocolos especiales para intervenir a civiles con armas debidamente registradas, garantizando procedimientos que prioricen la proporcionalidad, la mediación y el respeto al debido proceso. Solo así se podrá recuperar el sentido original de la fuerza pública: aquella que protege sin amenazar y sirve sin atropellar.

Porque, al final, un país que no resguarda la vida de sus ciudadanos está condenado a escuchar eternamente el eco de su propia impunidad.