Opinión. Miercoles, 10 de Diciembre, 2025

Las investigaciones por el presunto fraude millonario en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) han desatado un amplio debate público, no solo por la magnitud del desfalco denunciado, sino por los nombres que podrían o no estar vinculados al caso. Entre ellos, ha surgido la discusión sobre si el apellido Villanueva, asociado a figuras históricas dentro del sector salud público, debería ser incluido en el expediente. Antes de precipitar conclusiones, es necesario examinar el fondo: ¿se trata de una conexión sustentada en hechos o de una especulación amplificada por el ruido mediático?

La justicia no puede guiarse por percepciones ni por el peso de un apellido, sino por evidencias. Incluir a cualquier persona, sea Villanueva o cualquier otro,  requiere pruebas verificables, documentos, trazas financieras y vínculos operativos con las maniobras acusadas. Si tales elementos existen, deben ser presentados con transparencia y sin reservas. Pero si no existen, ninguna presión social puede justificar la incorporación de nombres solo para satisfacer la expectativa de que «todo el mundo debe estar involucrado». El sistema de justicia pierde credibilidad cuando actúa siguiendo rumores en lugar de hechos.

No obstante, el debate revela algo más profundo: la necesidad de que los expedientes de corrupción en República Dominicana se construyan con mayor claridad pública. Cuando la ciudadanía percibe vacíos, inconsistencias o selectividad en los procesos, inmediatamente sospecha de protección política. Por eso, lo correcto no es pedir que se agregue un apellido por simple mención, sino exigir que el Ministerio Público investigue a todos los que hayan tenido responsabilidad administrativa, contractual o decisional en SeNaSa durante el período cuestionado. La transparencia plena, incluyendo auditorías externas, cronologías públicas y rendición de cuentas institucional, es la única vía para disipar dudas y evitar que un caso de esta magnitud termine empañado por especulaciones y nombres arrojados al azar.

Hago este artículo, partiendo de las declaraciones del periodista Julio Martínez Pozo, quien aseguró este miercoles, en el programa El Sol de la Mañana, que el doctor Eduardo Read Estrella, imputado por el presunto desfalco millonario al SeNaSa, negoció con el Ministerio Público para que no incluya a sus hijos en el expediente acusatorio de la «Operación Cobra».

Debo decir que el señor Read Estrella es el presidente del Grupo Read; sin embargo, la CEO, directora ejecutiva y directora administrativa, es su hija, Sonia Read Villanueva, quien es la cara visible de la gestión. Y, de acuerdo con la información, los cuatro hijos del Dr. Read están vinculados a la empresa, por lo que surge la pregunta: ¿Debería ser incluido el apellido Villanueva en el caso del SeNaSa?