17 de Noviembre, 2025
Opinión. Lunes, 17 de Noviembre, 2025
A raíz del apagón general que dejó sin luz a gran parte de la República Dominicana este pasado martes, el presidente Luis Abinader ha decidido remover a funcionarios clave de su administración. Estas destituciones, que en lugar de generar tranquilidad podrían despertar más inquietudes, merecen un análisis crítico, pues representan tanto una respuesta política como un reflejo de fallas estructurales que persisten en un ámbito esencial para la vida nacional: el sistema eléctrico.
Una reacción política inmediata
La decisión más resonante ha sido la destitución del director de la Opret, Rafael Santos Pérez, mediante el decreto 652-25, y su sustitución por Jhael Isa Tavárez, quien además asumirá otros roles honoríficos. Este movimiento no es casual: durante el apagón, el Metro de Santo Domingo, dependiente de la Opret, paralizó su operación a causa de que el sistema de emergencia estaba fuera de servicio.
Es decir, Abinader apunta con sus acciones a una falla operativa clara y visible, misma que ha golpeado directamente a los ciudadanos en su cotidianidad. Cambiar al liderazgo de la Opret puede verse como un intento por restaurar la confianza, pero también como una maniobra para colocar la culpa en figuras concretas en vez de abordar los problemas más profundos del sistema eléctrico.
¿Suficiente para resolver la crisis?
No obstante, estas destituciones, por sí solas, resultan insuficientes. El apagón fue causado por una falla en la subestación de San Pedro de Macorís, según reportó el Ministerio de Energía, y lo que ocurrió fue calificado por las autoridades como un evento técnico complejo que está siendo investigado por una comisión especial.
Por más que se eliminen figuras administrativas, el problema va más allá: se pone en evidencia que los protocolos de operación, mantenimiento, respaldo energético y planificación estratégica no han sido sólidos. No basta con un relevo de mando, si no existe una transformación real en cómo se gestiona la infraestructura energética.
Riesgo de una «resolución simbólica»
Hay un peligro latente: que estas destituciones se conviertan en una respuesta simbólica, más política que técnica. Abinader mantiene un silencio público relevante tras la crisis y esa falta de comunicación refuerza la sensación de un gobierno a la defensiva, tratando de calmar las aguas sin ofrecer una hoja de ruta clara.
Además, al destituir solo a personas ligadas a la Opret, el presidente podría estar desviando el debate hacia la responsabilidad individual, cuando los verdaderos cambios necesitan ir por una reforma sistémica más profunda. El sistema eléctrico dominicano no solo requiere corrección de errores puntuales, sino una visión de largo plazo, inversiones, auditorías transparentes y rendición de cuentas constante.
El desafío para la administración Abinader
Para que estas medidas generen un impacto real, no basta la purga política. El gobierno debe:
Una oportunidad para demostrar liderazgo
Este apagón es un llamado de atención. Las destituciones anunciadas por Abinader pueden leerse como una señal de que no tolerará negligencias, pero también pueden interpretarse como una medida superficial si no se acompaña de reformas profundas.
El verdadero liderazgo se prueba en crisis, y esta es una oportunidad para que el gobierno demuestre que está dispuesto no solo a castigar a los responsables, sino a reconstruir un sistema energético más seguro, resiliente y confiable. De lo contrario, lo que podría ser un hito correctivo podría quedar reducido a una maniobra política más, mientras persisten los riesgos que llevaron al apagón.
