Opinión. Viernes, 15 de Agosto, 2025

Cuando Luis Abinader asumió la presidencia en agosto de 2020, lo hizo sobre la base de una relativa estabilidad macroeconómica. A pesar de la crisis global por la pandemia, el país exhibía uno de los crecimientos más altos de la región, una inflación bajo control y un sistema financiero solvente. Los problemas estructurales existían —deuda creciente, ineficiencia energética y servicios públicos precarios—, pero el marco institucional y económico era funcional.

Sin embargo, tras cinco años de gestión, esa estabilidad se ha convertido en una ilusión. Lo que se recibió como un sistema en equilibrio, se ha transformado en un modelo de deterioro acumulativo: una deuda pública disparada, una crisis eléctrica recurrente y servicios esenciales en caída libre. En lugar de modernizar el Estado, la administración de Abinader ha perpetuado —e incluso agravado— los males heredados, a pesar de que su gestión prometía transparencia.

Deuda pública: un barril sin fondo

En 2020, la deuda pública total representaba el 35.2% del PIB, un nivel preocupante, pero manejable. El déficit fiscal era del 6.8%, producto de la emergencia sanitaria, y el gobierno anterior había mantenido cierta disciplina en la contratación de deuda.

Hoy, la situación es alarmante. La deuda pública ha escalado a más del 43% del PIB, con un monto absoluto que roza los US$78,000 millones, un aumento del 44% en cinco años. El déficit primario (sin intereses) ha fluctuado entre el 2.5% y el 3.5% del PIB, muy por encima del 1% recomendado por organismos internacionales. Además, el servicio de la deuda absorbe ya más del 18% del presupuesto nacional, limitando drásticamente los recursos para inversión social.

Gran parte de esta deuda no se ha utilizado para transformar la estructura productiva del país, sino para financiar gastos corrientes, especialmente los subsidios eléctricos y a los combustibles. Entre 2021 y 2023, se destinaron más de US$2,000 millones a estos subsidios sin que se implementaran reformas para reducir el robo de energía o mejorar la eficiencia.

A esto se suman empréstitos sin claridad en su destino, como el de US$500 millones con el BID en 2022, cuya ejecución no ha sido transparente. La Contraloría General de la República ha señalado en múltiples informes «falta de rendición de cuentas» en el uso de los fondos.

El economista Eduardo Morón es contundente: «Abinader heredó un barco con una pequeña filtración. En vez de repararla, ha abierto más compuertas. Hoy navegamos con el agua al cuello, y si no hay un cambio de rumbo, el hundimiento será inevitable.»

Sector eléctrico: de la ineficiencia a la emergencia permanente

Aunque en 2020 el sector eléctrico ya era ineficiente, con pérdidas del 15% y una fuerte dependencia de combustibles fósiles, contaba con capacidad instalada suficiente y un sistema regulatorio funcional. Hoy, el escenario es de colapso.

Apagones recurrentes se han vuelto la norma. Ciudades como Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y Baní han sufrido cortes de luz diarios durante semanas. A pesar de los crecientes subsidios (que superaron los US$600 millones en 2023), la tarifa promedio sigue siendo una de las más altas de la región (US$0.21/kWh).

 

Además, el gobierno no ha impulsado la transición energética: solo el 9.5% de la matriz proviene de fuentes limpias, muy lejos de la meta del 25% para 2030. Proyectos clave, como parques solares, han sido postergados o cancelados sin explicación.

La política energética ha fracasado. El gobierno no ha implementado una verdadera reforma estructural. El modelo de subsidios cruzados se mantiene, sin atacar el robo de energía (que representa el 8% de la generación) ni modernizar las redes de distribución. La Superintendencia de Electricidad (SIE) ha perdido autonomía, con nombramientos políticos que han debilitado su capacidad de fiscalización.

Como denuncia el ingeniero José Miguel Soto: «No se trata de que el problema sea nuevo. Se trata de que, en cinco años, no se haya hecho nada serio para resolverlo. Hemos pasado de una crisis manejable a una emergencia permanente.»

Servicios públicos: en caída libre

En 2020, hospitales, escuelas y el transporte público tenían limitaciones, pero funcionaban. No había colapsos masivos. Hoy, el escenario es de descomposición institucional.

 

* Salud: Siete de cada diez hospitales públicos carecen de medicamentos esenciales, según la Defensoría del Pueblo. La mortalidad infantil aumentó un 7% entre 2021 y 2023, y las listas de espera para cirugías superan los seis meses. El presupuesto en salud no ha superado el 3.6% del PIB, un monto insuficiente para las necesidades básicas.

* Educación: Aunque se han construido nuevas escuelas, el 58% del parque escolar presenta daños estructurales graves. El paro docente de 2023 fue una protesta contra el incumplimiento del Acuerdo 58-2021, que prometía mejoras salariales y condiciones laborales. No se ha avanzado en digitalización ni en la formación docente.

* Transporte e infraestructura: Proyectos clave como la Línea 3 del Metro de Santo Domingo no han sido licitados. El SITRAM, sistema integrado de transporte, sigue sin funcionar eficientemente. Casos de corrupción, como la compra de ambulancias sobrevaluadas y contratos sospechosos en obras viales, han minado la credibilidad del Estado.

El gobierno de Luis Abinader recibió un país con problemas, pero con estabilidad. En cinco años, ha tenido el tiempo, los recursos y la legitimidad para transformar esos desafíos. En cambio, ha optado por soluciones de emergencia, gasto sin control y falta de visión a largo plazo.

La deuda crece sin generar valor. La energía sigue siendo un lastre. Los servicios públicos se desintegran. Y mientras el gobierno celebra «crecimiento» y «transparencia», los ciudadanos pagan el precio en facturas, apagones y hospitales sin medicinas.

Lo más grave no es el deterioro en sí, sino que se ha desperdiciado una oportunidad histórica. La herencia manejable se ha convertido en una crisis estructural.

Como resume la socióloga María Teresa Cabrera: «Abinader no heredó un desastre. Él lo está construyendo, ladrillo a ladrillo, con decisiones que priorizan la imagen sobre la realidad.»

Si no hay un cambio radical en el manejo del Estado, la estabilidad que se presumió en estos años no será más que el preludio de una crisis aún mayor.