Opinión. Lunes, 22 de Diciembre, 2025

Varias leyes vigentes en nuestro país prohíben y por lo tanto contienen un régimen de consecuencias en diversas modalidades contra el uso de dinero ilícito o sucio en financiamiento de campañas de candidatos a cualquiera de los tres niveles. Es decir, es totalmente ilegítimo y sancionable utilizar dinero ilícito por partidos o candidatos presidenciales, legislativos o municipales.

Nuestras leyes consideran dinero ilícito o sucio aquel que proviene directa o indirectamente del narcotráfico, de la corrupción administrativa y de lavado de activos.  También, en los países donde impera el sistema democrático, es drásticamente sancionado el candidato a un cargo popular  cuando se  demuestra que financió su campaña, parcial o totalmente, con dinero ilícito o sucio.

Esa es la razón por la que, actualmente, en Perú, Ecuador, Panamá, Guatemala, Brasil, El Salvador, Hondura, Bolivia y en Francia hay varios ex presidentes, ex vicepresidentes, ex legisladores y ex alcaldes que se encuentran presos o en procesos judiciales en desarrollo por ser imputados de utilizar dinero ilícito o sucio para cubrir parte de sus actividades proselitistas.

Aquí, desde hace tres años, con expediente presentado por el Ministerio Público (MP),  está en desarrollo el juicio contra “Operación Calamar”.  Entre los inculpados se encuentra Gonzalo Castillo, ex candidato presidencial del PLD para las elecciones del 2020, “porque se considera que para su campaña recibió dinero proveniente de corrupción o sobornos.”

También, en nuestro país, se evidenció (mediante sentencias definitivas de tribunales norteamericanos) y aceptación de culpabilidad con delaciones premiadas, que varios legisladores, alcaldes, directores de distritos municipales y regidores vinculados al Partido Revolucionario Moderno (PRM) ganaron sus cargos (inclusive con la mayor votación de sus áreas) utilizando dinero ilícito o sucio.

Por igual, como resultados de las persecuciones y acusaciones de la DEA y fiscales norteamericanos, diferentes funcionarios designados por decretos del presidente Abinader se declararon culpables y están sentenciados a varios años de cárcel en EE.UU.

La Junta Central Electoral (JCE), el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Ministerio Público (MP), por sus funciones y competencias, y por mandatos expresos de leyes vigentes, tienen la obligación de tomar medidas preventivas y persecuciones  para aplicar el régimen de consecuencia contra los partidos y candidatos que han utilizado dinero ilícito o sucio en sus campañas, en cualesquiera de los tres niveles.

Es de público conocimiento, por sentencias y auto-confesiones de culpabilidad, que varios candidatos del PRM utilizaron dinero proveniente del narcotráfico.

Ahora, con el destape que estamos observando con la colosal y criminal desviación (robo vulgar) realizado por un conjunto de funcionarios y empresarios (auto-confesos con delaciones premiadas), que eran liderados por el director del Seguro Nacional de Salud (SENASA), doctor Santiago Hazim Albainy, que utilizaron miles de millones de pesos de esa institución, mediante planificadas mañoserías financieras.

Para las elecciones del 2020 y la reelección del presidente Abinader en el 2024, Hazim era el principal responsable del Sector Externo de apoyo al PRM, a través del movimiento OLA. De acuerdo a confesiones de encartados en dicho expediente, el movimiento OLA aportó mucho dinero (ilícito o sucio) proveniente del robo en SENASA.

En seria y objetiva reflexión de la narrativa anterior, de varios casos de candidatos que usaron dinero (proveniente de narcotráfico, corrupción y sobornos) para ganar sus cargos; nos preguntamos: ¿Qué han hecho o dicho la JCE, el TSE y el MP-independiente?

Además de los candidatos que, evidentemente,  resultaron electos con dinero ilícito; en el PRM, ¿quiénes recibieron dinero proveniente del narcotráfico y de la corrupción o sobornos? ¿Qué dicen o hacen la JCE, el TSE y el MP-independiente?

Ante esta comprobada realidad (uso de dinero ilícito o sucio para financiar campañas electorales), para que esas tres instituciones puedan actuar, aplicando el régimen de consecuencias estipuladas en nuestras leyes vigentes contra el uso de dinero ilícito o sucio en la campaña del PRM, ¿Qué más necesitan?