Opinión. Lunes, 08 de Diciembre, 2025

El Catastro Nacional atraviesa una crisis estructural silenciosa y profundamente dañina para la gobernanza del suelo y la seguridad jurídica en la República Dominicana. A pesar de que la Ley 150-14 establece que el Catastro es el único órgano estatal facultado para realizar valoraciones oficiales de bienes inmuebles, hoy es la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la que, en la práctica, impone tablas de tasación y criterios de valoración en los procesos tributarios.

Este absurdo institucional genera conflictos graves: doble tasación, discrecionalidad, inseguridad jurídica, distorsiones en el mercado inmobiliario y debilitamiento de la administración pública. La situación es tan delicada que podríamos afirmar que el Estado viola su propia ley en materia catastral.

El Catastro Nacional necesita un proceso urgente de modernización. No basta con resoluciones, diagnósticos o discursos administrativos. Se requiere juventud capacitada, especialistas del área, cartografía digital, sistemas GIS, valoración masiva, drones, interoperabilidad institucional y tecnología de punta. No es posible dirigir el Catastro con recursos humanos improvisados, sistemas inoperantes y bases de datos obsoletas.

La solución está en manos del Poder Ejecutivo. La modernización catastral no es un lujo técnico: es una necesidad nacional. Urge restituir la autoridad oficial del Catastro y poner fin a la sustitución silenciosa que hoy ejecuta la DGII, sin competencia legal para ello.

Si la República Dominicana quiere ordenamiento territorial, transparencia fiscal y desarrollo urbano sostenible, debe empezar por donde corresponde: recuperar y fortalecer institucionalmente al Catastro Nacional como órgano rector. Todo lo demás es parche, improvisación y caos administrativo.