Opinión. Lunes, 13 de Octubre, 2025

Mientras los funcionarios del gobierno dominicano desembolsan sumas astronómicas en alquileres de oficinas y viviendas oficiales que nadie logra justificar, el pueblo sigue luchando cada día por costear lo más básico: la comida, el transporte y los servicios esenciales que se caen a pedazos.

En los informes públicos y las propias declaraciones de algunos ministerios, aparecen pagos millonarios por conceptos de renta que sobrepasan con creces los valores reales del mercado. Edificios arrendados a precios de lujo, locales que permanecen vacíos o con mínima actividad, y contratos que parecen más diseñados para beneficiar bolsillos privados que para servir al Estado.

Mientras tanto, en las calles y los barrios del país, la historia es otra. Familias enteras deben elegir entre comprar arroz o pagar la factura eléctrica. El agua llega cuando quiere, los hospitales siguen colapsados y el transporte público continúa siendo un caos diario.

La desigualdad se hace más evidente cuando el gasto del Estado no refleja las necesidades del ciudadano común. ¿Cómo justificar que en plena crisis económica se destinen millones a alquileres sin transparencia, mientras miles de hogares no tienen siquiera un techo digno?

El deterioro de los servicios públicos no solo afecta la calidad de vida, sino también la confianza en las instituciones. Un gobierno que gasta sin explicar, que alquila sin razón y que aparenta no escuchar el clamor popular, termina alimentando la frustración de un pueblo que se siente cada vez más distante del poder que dice representarlo.

Hoy, más que nunca, el país necesita respuestas. No basta con cifras ni discursos. Se requiere rendición de cuentas, decencia en la gestión pública y sensibilidad ante el sufrimiento del pueblo dominicano.
Porque mientras unos disfrutan de oficinas amuebladas con fondos del Estado, otros apenas tienen una mesa donde poner el pan del día.