Opinión. Martes, 23 de Septiembre, 2025

En la República Dominicana estamos acostumbrados a medir el costo de la vida en cifras como la inflación, tasa del dólar, IPC, deuda pública, pobreza, IED, etc.

El Banco Central presenta sus reportes y los organismos internacionales publican proyecciones. Sin embargo, hay un costo para la población que es invisible, devastador y persistente y que nunca aparece en esas estadísticas, que es el costo de la ineptitud gubernamental.

Ese costo no se expresa en porcentajes, sino en frustración, pérdida de confianza y salud mental, oportunidades que se desvanecen y servicios públicos que colapsan. Es un precio que la ciudadanía paga día tras día y que erosiona silenciosamente el desarrollo del país y el bienestar de toda la sociedad.

Luego de los escándalos reiterados con los ayudas sociales y los bonos clientelares, ahora se destapa el escándalo más inhumano de todos, el del SENASA. Este seguro que durante años fue un orgullo nacional por su capacidad de ampliar la cobertura médica y ser garante de inclusión social, hoy enfrenta denuncias de caídas de sistema, demoras y fallas administrativas y un hoyo financiero inexplicable que afectan a cientos de miles de afiliados.

Lo que antes era un modelo regional de protección social se ha convertido en fuente de incertidumbre, ansiedad y miedo a morir por el riesgo a quedarse sin tratamiento, no poder comprar sus medicamentos o no acceder a la atención que necesita.

Esa es la factura de la ineptitud, un costo humano incalculable, que no se refleja en el PIB ni en las tablas del Ministerio de Hacienda, pero que se visibiliza en el rostro apagado y el corazón roto de millones de dominicanos.

Y como dice el refrán: “ya éramos mucho y ahora además parió la abuela”, porque justo hace dos días, otro episodio reveló la magnitud de la ineficiencia, falta de controles y seguimiento: la falla eléctrica en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

Un apagón dejó a oscuras una de las principales puertas de entrada al país, afectando vuelos internacionales, turistas y operaciones aéreas críticas, lo que genera un duro golpe internacional y de seguridad para el único sector que funciona en el país.

El impacto va más allá de la incomodidad: golpea directamente la marca país. En un sector donde la confianza y la percepción lo son todo, un aeropuerto sin energía envía un mensaje demoledor, como si la República Dominicana no fuera capaz de garantiza ni lo básico. El turismo, columna vertebral de la economía que aporta más de US$10,000 millones al año, queda expuesto a riesgos reputacionales por fallas que pudieron prevenirse, si se le hubiese dado seguimiento al cumplimiento de un contrato recientemente renovado por el Estado dominicano, contra entrega de miles de millones de pesos, que aún no sabemos en qué se invirtieron.

Por eso decimos que el costo de la ineptitud se mide en pérdidas invisibles, económicas, sociales e institucionales. que erosionan la confianza ciudadana frente a un Estado incapaz de cumplir funciones básicas.

No se trata de incidentes aislados, sino de un patrón de improvisación y negligencia que ya tiene consecuencias en sectores estratégicos.

Vale la comparación. Durante los gobiernos del PLD (2004-2020), con sus luces y sombras, la economía dominicana registró un crecimiento promedio superior al 5 % anual. La pobreza monetaria se redujo del 49 % en 2004 a menos del 23 % en 2019. SENASA fue fortalecido como ejemplo regional de seguridad social y el sistema eléctrico dio pasos con proyectos estratégicos como Punta Catalina.

Los resultados eran visibles: miles de aulas construidas, expansión de cobertura de salud, avance en infraestructura de transporte como el Metro y el Teleférico. Había planificación y continuidad en las políticas. Había capacidad de gestión.

Hoy, en cambio, se celebran cifras macroeconómicas para las redes, mientras la población vive apagones, servicios públicos colapsados y un aumento de la deuda pública que ya ronda el 60 % del PIB. El contraste no es solo en números, sino en resultados tangibles para la gente.

Qué tal si pudiese diseñarse un Índice de Ineptitud, que registre el tiempo perdido en el tránsito, en los hospitales, en las instituciones de servicio público o por causa de los apagones y de las obras inconclusas?

Ese índice haría visible lo que hoy se oculta detrás del discurso oficial: que la ineficiencia cuesta tanto o más que la inflación.

No se puede construir un país moderno sobre la base de improvisaciones, sin rendición de cuentas real, con metas verificables y transparencia radical; sin la profesionalización del servicio público, con meritocracia y estabilidad institucional y sin una participación ciudadana activa, que exija eficiencia y mida resultados.

El costo de la vida se mide en pesos. El costo de la ineptitud se mide en confianza perdida y en generaciones condenadas a menos futuro.

Como dijo Lee Iacocca, legendario presidente de Chrysler:

“La eficiencia es hacer las cosas bien; la efectividad es hacer las cosas correctas. El precio de no hacer ninguna de las dos es el fracaso.”