Opinión. Jueves, 30 de Enero, 2025

En un Estado democrático, el respeto a la Constitución y a sus órganos garantes es fundamental para la estabilidad institucional. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos sido testigos de un preocupante fenómeno: el desacato a las decisiones del Tribunal Constitucional en casos de reintegro de oficiales que han sido separados de sus funciones de manera irregular.

El Tribunal Constitucional, como máxima autoridad en materia de interpretación constitucional, emite sentencias que son definitivas y de cumplimiento obligatorio. No son recomendaciones ni sugerencias, sino mandatos legales que deben ser acatados por todas las instituciones del Estado. Cuando una entidad se niega a ejecutar una orden de reintegro emitida por este órgano, se vulnera el principio de supremacía constitucional y se sienta un peligroso precedente de irrespeto a la justicia.

La negativa a cumplir con estas sentencias es ilegal.