Opinión. Viernes, 09 de Enero, 2026

Históricamente, el contrato social dicta que las leyes se crean para organizar la convivencia y, sobre todo, para limitar el poder. Sin embargo, en la práctica política actual, estamos siendo testigos de una perversión sistemática del derecho: la metamorfosis de la legislación en un chaleco antibalas para funcionarios mediocres y corruptos.

Es indignante observar cómo las cámaras legislativas, bajo el disfraz de «estabilidad institucional», suelen dar prioridad a normativas que blindan el patrimonio mal habido o diluyen las responsabilidades administrativas. Mientras el ciudadano común se enfrenta a un mazo implacable por la mínima falta, el funcionario público goza de un entramado de fueros, plazos de prescripción absurdos y tecnicismos diseñados a medida para garantizar su escape.

La verdadera esencia de una ley justa debe ser el bienestar de las mayorías. Una ley que no sirve al pueblo es, en esencia, una herramienta de opresión.

No podemos seguir llamando «derecho» a lo que claramente es un privilegio de casta. Si un funcionario malversa fondos destinados a hospitales, escuelas o clubes recreativos, su castigo no solo debería ser el doble de severo, sino que la ley debería facilitar —no obstaculizar— la recuperación de cada centavo.

Se ha confundido la inmunidad necesaria para legislar con la impunidad para delinquir. Un cargo público no debe ser una licencia para actuar por encima de la moral y la ética ciudadana. Mientras el pueblo exige seguridad, salud y salarios dignos, los pasillos del poder se pierden en debates sobre reformas que solo buscan asegurar la permanencia de los mismos rostros y la protección de sus actos pasados.
Es tiempo de despertar; Basta de eufemismos. Un gobierno que legisla para protegerse a sí mismo es un gobierno que ha traicionado su mandato. La justicia no puede ser un traje hecho a la medida del gobernante de turno; debe ser una armadura para el desvalido y una espada contra el corrupto.

La legitimidad de una norma no reside en la firma de un presidente o en la votación de una asamblea, sino en su capacidad para generar justicia real. Si la ley no sirve para meter en cintura a los que abusan del poder, entonces esa ley es papel mojado y quienes la redactaron son cómplices de la decadencia nacional.
Ya no hay espacio para la tibieza. El pueblo no pide caridad, exige rendición de cuentas. Es hora de que las leyes vuelvan a pertenecer a la gente y dejen de ser el escondite de aquellos que, debiendo servir, solo se han servido a sí mismos.