Opinión. Lunes, 09 de Febrero, 2026

La regulación de los negocios internacionales ha experimentado una evolución importante desde la instauración del sistema multilateral de comercio con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y su posterior consolidación con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995. A lo largo de este proceso, los Estados han recurrido a diversos instrumentos para proteger sus economías nacionales, aun cuando se han comprometido simultáneamente con un conjunto de normas destinadas a facilitar y ordenar el comercio internacional. El estudio del proteccionismo, de las barreras no arancelarias, de los mecanismos de defensa comercial y de los acuerdos sectoriales permite comprender mejor el delicado equilibrio entre la liberalización del comercio y la protección de los intereses internos.

El proteccionismo suele intensificarse en períodos de crisis económicas, recesiones globales o conflictos geopolíticos. En tales contextos, los gobiernos tienden a adoptar medidas orientadas a resguardar la producción nacional, preservar el empleo y reducir la dependencia de las importaciones. A ello se suman los déficits comerciales persistentes, que con frecuencia alimentan la percepción de desequilibrios en la balanza comercial y sirven de justificación para la adopción de políticas restrictivas.

No obstante, el proteccionismo rara vez genera beneficios netos para los consumidores nacionales. Por el contrario, suele traducirse en aumentos de precios y en una reducción de la variedad de bienes disponibles. Al limitar la competencia externa, las industrias locales operan con menores incentivos para mejorar su eficiencia, lo que termina elevando los costos que son trasladados al consumidor final. Además, una de las consecuencias más visibles de estas políticas es la contracción del comercio internacional, fenómeno que puede dar lugar a represalias comerciales y afectar negativamente el crecimiento económico global.

En este escenario, las políticas arancelarias adoptadas por la administración del presidente Donald Trump constituyen un ejemplo reciente del resurgimiento de enfoques proteccionistas en el comercio internacional. A partir de 2018, Estados Unidos incrementó los aranceles a diversos productos, particularmente provenientes de China y de otros socios comerciales, bajo el argumento de proteger la industria nacional, reducir déficits comerciales y corregir prácticas consideradas desleales. Estas medidas, de carácter fundamentalmente unilateral, generaron tensiones comerciales, represalias por parte de los países afectados y un aumento de las controversias en el marco de la OMC, evidenciando las dificultades que enfrenta el sistema multilateral para contener políticas proteccionistas impulsadas por consideraciones políticas internas, en su nuevo gobierno de apena un año el mundo de hoy esta convulsionado con una guerra arancelaria que  a nadie conviene y a todo perjudica

En el escenario contemporáneo, muchas de las restricciones al comercio adoptan la forma de barreras no arancelarias, las cuales se caracterizan por ser menos transparentes y más complejas que los aranceles tradicionales. Entre ellas se encuentran las cuotas de importación, las normas técnicas, los requisitos sanitarios y los procedimientos administrativos. Si bien las normas técnicas y sanitarias cumplen funciones legítimas relacionadas con la protección de la salud, la seguridad y el medio ambiente, pueden transformarse en barreras encubiertas al comercio cuando se aplican de manera discriminatoria o excesivamente restrictiva.

Con el propósito de evitar estos efectos, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC promueve la armonización internacional de normas y procura garantizar que las regulaciones técnicas no se conviertan en instrumentos de discriminación injustificada ni en restricciones encubiertas al comercio internacional.

El sistema multilateral de comercio reconoce, asimismo, la existencia de mecanismos legítimos de defensa comercial destinados a proteger a las industrias nacionales frente a situaciones específicas. Los derechos antidumping se aplican cuando se demuestra que un producto es exportado a un precio inferior a su valor normal y que dicha práctica causa daño a la industria doméstica. Por su parte, los derechos compensatorios buscan neutralizar los efectos de las subvenciones concedidas por gobiernos extranjeros que distorsionan las condiciones de competencia.

Las medidas de salvaguardia difieren de los instrumentos anteriores, ya que no requieren la comprobación de prácticas comerciales desleales. Estas se aplican cuando un aumento imprevisto de las importaciones causa o amenaza causar un daño grave a la industria nacional, permitiendo una protección de carácter temporal que facilite el proceso de ajuste productivo.

La creación de la OMC en 1995 supuso una ampliación sustancial del alcance del sistema multilateral de comercio, al incorporar sectores que anteriormente estaban débilmente regulados, como la agricultura, los servicios y la propiedad intelectual. Antes de la Ronda de Uruguay, el comercio agrícola se encontraba fuertemente protegido mediante subsidios, cuotas y otras restricciones, y carecía de disciplinas multilaterales estrictas.

El Acuerdo sobre la Agricultura tiene como objetivo central la reducción de las distorsiones en el comercio agrícola internacional y se estructura en torno a tres pilares fundamentales: el acceso a los mercados, la ayuda interna y las subvenciones a la exportación. En este marco, la denominada “arancelización” permitió convertir barreras no arancelarias en aranceles cuantificables, sujetos a compromisos de reducción progresiva. Las ayudas internas previstas en el acuerdo se clasifican en distintas categorías, entre las que destacan la “caja ámbar”, que comprende los subsidios considerados distorsionantes y sujetos a reducción, y la “caja verde”, que agrupa apoyos con efectos mínimos sobre el comercio.

Sobre esta base normativa se lanzó, en 2001, el Programa de Doha para el Desarrollo, cuyo propósito central fue profundizar la liberalización del comercio internacional, con especial énfasis en la reducción de los subsidios agrícolas y en el fortalecimiento de las oportunidades de los países en desarrollo dentro del sistema multilateral. La Agenda de Doha buscó corregir asimetrías persistentes, reconociendo que la plena integración de las economías en desarrollo requería disciplinas más estrictas sobre las políticas distorsionantes de los países desarrollados, particularmente en el sector agrícola.

Otro avance notable fue la adopción del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, el cual estableció la eliminación progresiva del sistema de cuotas vigente bajo el Acuerdo Multifibras, integrando plenamente este sector al régimen general del comercio internacional.

De igual modo, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) constituyó el primer marco multilateral destinado a regular el comercio internacional de servicios. Este acuerdo promueve la liberalización progresiva, la transparencia normativa y la competencia leal, y reconoce distintos modos de suministro, entre ellos la presencia comercial de empresas en el territorio de otros Estados.

En el ámbito de los servicios financieros, el principio de regulación prudencial permite a los Estados adoptar medidas orientadas a proteger la estabilidad de sus sistemas financieros, sin que ello implique un incumplimiento de los compromisos comerciales asumidos.

El transporte marítimo ocupa un lugar central en el comercio internacional y se caracteriza por un elevado grado de liberalización y competencia global. Su importancia radica en que moviliza la mayor parte del comercio mundial de mercancías y constituye un elemento esencial para la integración económica entre los países.

En conjunto, el sistema multilateral de comercio refleja un equilibrio entre liberalización y regulación. Aunque el proteccionismo surge como respuesta a presiones económicas y políticas internas, sus efectos suelen ser adversos tanto para los consumidores como para el dinamismo del comercio internacional. La OMC, a través de acuerdos como el de Agricultura, el GATS, el Programa de Doha para el Desarrollo y los instrumentos de defensa comercial, establece un marco normativo orientado a garantizar condiciones de competencia equitativas, reducir distorsiones y promover una integración económica más eficiente. En este escenario, la comprensión de los obstáculos técnicos, las barreras no arancelarias y los mecanismos de defensa comercial resulta fundamental para analizar el funcionamiento contemporáneo de los negocios internacionales.