Opinión. Martes, 17 de Febrero, 2026

En la República Dominicana hay algo que nunca falta: el sol, el merengue… y ahora los expedientes.
Cada día aparece uno nuevo. A veces dos. En días fértiles, tres.

Uno abre las redes sociales por la mañana —con la inocente intención de ver un video de recetas o un nieto bailando— y termina desayunando una licitación sospechosa, almorzando una adenda contractual misteriosa y cenando una denuncia con documentos “filtrados”.

Y sin embargo… nada pasa.
No hay marchas.
No hay sobresaltos.
No hay crisis nacional.
No hay ese temblor moral que uno imaginaría si todo lo que circula fuese cierto.

Y entonces surge la gran pregunta dominicana contemporánea:
¿Estamos ante el país más corrupto del mundo… o ante el país más escéptico del planeta?
Porque las dos cosas al mismo tiempo parecen difíciles de sostener.

Si todo lo que se denuncia fuese cierto, deberíamos vivir en estado permanente de conmoción nacional.
Si nada de lo que se denuncia fuese cierto, deberíamos vivir en estado permanente de indignación contra la difamación.

Pero vivimos en algo mucho más curioso:
la normalidad.
El expediente se ha vuelto paisaje.
Como los tapones.
Como los apagones programados.
Como el “ahorita”.

La noticia ya no provoca reacción; provoca desplazamiento.
Un expediente empuja al anterior fuera del radar.
La indignación dura exactamente lo que tarda el algoritmo en ofrecer el siguiente escándalo.

El resultado es una especie de inflación moral: cuando hay demasiadas denuncias, cada una vale menos emocionalmente. La indignación se devalúa como una moneda sobreemitida.

Y en medio de esta tormenta informativa, el ciudadano común queda suspendido en una duda existencial:
Si es mentira, ¿por qué nadie lo desmiente con contundencia?
Si es verdad, ¿por qué nadie se escandaliza con contundencia?
Tal vez estamos viendo el nacimiento de una nueva categoría sociológica:
la fatiga anticorrupción.

El ciudadano ha visto tantos casos, tantas investigaciones, tantos anuncios, tantas filtraciones, tantos “este sí es el grande”… que ha desarrollado una defensa psicológica silenciosa: la incredulidad preventiva.
Ya no pregunta “¿qué pasó?”
Pregunta: “¿en qué terminó?”
Y como casi nunca sabe en qué terminó, deja de preguntar.

Mientras tanto, el Ministerio Público parece vivir en una maratón sin línea de meta: expedientes entran más rápido de lo que pueden salir. La justicia trabaja con tiempos jurídicos en un país que consume información a velocidad de TikTok. Esa diferencia de velocidades crea una sensación peligrosa: la de procesos eternos.
Y los procesos eternos generan una emoción muy dominicana: el encogimiento de hombros.

Aquí entra el tercer actor de esta historia: el ecosistema digital.
Las redes sociales han democratizado la denuncia, lo cual es una maravilla… pero también han democratizado la sospecha, lo cual es un caos.
Hoy cualquiera puede ser:
investigador,
fiscal,
juez,
jurado,
y comentarista deportivo del caso.
Todo antes del café.

La frontera entre investigación, opinión, sospecha y entretenimiento se ha vuelto difusa. El expediente compite con el meme. Y el meme suele ganar.
Por eso vivimos en este extraño equilibrio nacional:
un país saturado de denuncias y escaso de certezas.

Lo verdaderamente inquietante no es que existan denuncias. Eso es saludable en democracia.
Lo inquietante es que hemos dejado de saber qué hacer emocionalmente con ellas.
Ni creemos del todo.
Ni dudamos del todo.
Ni reaccionamos del todo.
Flotamos.

Quizás el mayor riesgo no sea la corrupción, ni la difamación, sino la indiferencia.
Porque una sociedad que se acostumbra al escándalo permanente termina desarrollando inmunidad moral.
Y la inmunidad moral, como todas las inmunidades mal gestionadas, puede terminar siendo más peligrosa que la enfermedad.

Así que aquí queda la pregunta, lanzada al aire digital como una botella al mar:
¿Estamos ante una epidemia de corrupción… o ante una epidemia de sospecha?
Alguien debería aclararlo.
Antes de que el próximo expediente nos distraiga.