Opinión. Lunes, 24 de Noviembre, 2025

La presencia del narcotráfico en la vida política dominicana no es un fenómeno reciente ni exclusivo de un solo partido. Es, más bien, una sombra que ha recorrido distintos gobiernos y colores partidarios. Ya en los años ochenta se denunciaba la complicidad de militares y funcionarios con carteles internacionales. Incluso persisten versiones que vinculan el asesinato de un artista con el hallazgo accidental de un cargamento de droga en la residencia de un alto oficial. Eran tiempos en que la institucionalidad comenzaba a resentirse frente a un negocio que prometía dinero fácil y silencios aún más fáciles.

En 1994, durante una de las campañas más tensas del país, un abogado de renombre advirtió sobre el apoyo que capos de la droga ofrecían al candidato presidencial del PRD. Las fotografías de varios de ellos,junto a dirigentes del partido, evidenciaron la proximidad entre política y crimen organizado. Años después, en la administración gubernamental 2000-04, un conocido narcotraficante no solo obtuvo rango de capitán policial, sino que dirigió esfuerzos reeleccionistas en provincias fronterizas. Las advertencias del entonces ministro de las Fuerzas Armadas cayeron en oídos sordos, permitiendo que ese capo operara con una impunidad que inquietaba a los propios organismos de seguridad.

Los gobiernos posteriores tampoco escaparon a señalamientos: casos como los de Arturo del Tiempo y César el Abusador, junto a la pérdida de visas de altos oficiales, reforzaron la percepción de un Estado vulnerable a intereses oscuros. sin embargo,es preciso subrayar que: nunca la penetración había alcanzado los niveles actuales, con legisladores, regidores y funcionarios detenidos o investigados por la DEA, lo que constituye una señal de alerta que trasciende banderas partidarias.

Antes de lanzar acusaciones selectivas, recordemos que el narcotráfico ha encontrado complicidades en todos los gobiernos y por ese solo el que este libre de culpa que tire la primera piedra