Opinión. Jueves, 27 de Marzo, 2025

En República Dominicana, los organismos de inteligencia como el DNI, J2, PT2, A2, M2, G2,D2 y DOIF desempeñan un papel crucial en la seguridad nacional. Sus agentes dedican años al sigilo, la recopilación de información y la contrainteligencia para proteger al país de amenazas internas y externas. Sin embargo, una preocupante realidad ha ido tomando fuerza en los últimos años: el traslado arbitrario de estos agentes a funciones uniformadas, exponiéndolos a riesgos innecesarios y comprometiendo la seguridad del Estado.

La inteligencia no es un trabajo común. Requiere años de formación, experiencia en infiltración, manejo de fuentes y discreción absoluta. Un oficial que ha pasado la mayor parte de su carrera en estos organismos adquiere información sensible, establece contactos en distintos niveles y se convierte en un activo estratégico para la seguridad nacional. Su trabajo no solo lo expone a amenazas de grupos criminales y organizaciones ilícitas, sino que también lo convierte en un objetivo de quienes buscan desestabilizar el orden.

Cuando un oficial de inteligencia es removido de su puesto y reasignado a un rol uniformado, se le está exponiendo de manera irresponsable. De un momento a otro, su perfil se vuelve público, y con ello, todo su historial en la inteligencia puede quedar al descubierto. Esto no solo pone en peligro su vida, sino que también podría comprometer operaciones sensibles en las que haya participado. Un cambio de esta naturaleza puede ser visto por grupos criminales o actores hostiles como una oportunidad para represalias o neutralización de una amenaza latente.

Por otro lado, el proceso inverso también es peligroso. Un oficial con décadas de servicio uniformado, sin la formación adecuada en inteligencia, difícilmente podrá adaptarse a las complejidades de un entorno donde la información es la principal herramienta. No basta con ser un buen policía o militar; la inteligencia requiere habilidades y metodologías específicas que no se adquieren de la noche a la mañana. Improvisar en este campo puede generar filtraciones, operaciones fallidas y la vulnerabilidad del sistema de seguridad.

Estos traslados suelen responder más a decisiones políticas que a necesidades estratégicas. En algunos casos, se busca premiar o castigar a ciertos oficiales sin considerar el impacto real en la seguridad del país. No debería ser una decisión tomada a la ligera ni un recurso utilizado como medida disciplinaria o de conveniencia administrativa.

Es hora de establecer una carrera de inteligencia bien definida, con criterios claros de ingreso, permanencia y ascenso. La inteligencia debe ser una especialidad con estabilidad y proyección, donde los oficiales que se dedican a ella sepan que no serán removidos arbitrariamente. Se deben crear regulaciones que protejan la identidad y trayectoria de estos agentes, garantizando que su labor no termine convirtiéndose en una sentencia de muerte cuando las circunstancias cambien.

Si realmente queremos fortalecer la seguridad nacional, debemos reconocer que la inteligencia no es un juego de posiciones intercambiables. Es una disciplina de alto riesgo que exige compromiso, profesionalismo y, sobre todo, protección a quienes la ejercen.